El inmueble ubicado en Monteagudo 120, donde el último lunes tuvo lugar una fatal explosión e incendio que se cobró la vida del médico Jonathan Stisman, de 43 años, opera en la irregularidad formal desde hace años. De acuerdo con las declaraciones de la directora de Edificación y Catastro de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Nora Belloni, el lugar carece del certificado final de obra obligatorio y acumula intimaciones oficiales desde 2018, sumado a un exceso en el límite de altura permitido que ha frenado cualquier intento de regularización.
A raíz de las inspecciones técnicas posteriores al siniestro, las autoridades comunales notificaron a la inmobiliaria a cargo de la administración sobre las exigencias a cumplir para que el espacio vuelva a ser habitable, haciendo especial énfasis en la deuda administrativa pendiente. Según Belloni, el Municipio dio por agotadas las instancias normativas al haber intimado y sancionado repetidamente a los responsables, dejando la continuidad del expediente en manos de los propietarios, dado que la normativa impide reiterar multas por el mismo concepto de manera indefinida.
Esta falencia en los papeles impide la constitución formal de la propiedad horizontal, lo que acarrea consecuencias legales concretas para los ocupantes, como la imposibilidad de tramitar escrituras individuales o contar con un padrón específico para cada departamento.
El impedimento central para obtener el aval definitivo radica en una infracción urbanística: la edificación excedió la altura fijada por el Código de Planeamiento Urbano al levantarse ocho pisos en lugar de los siete autorizados. Al no contar la Dirección de Catastro con facultades para avalar esta sobreconstrucción, la solución administrativa requeriría que los dueños tramiten una ordenanza de excepción ante el Concejo Deliberante. Respecto a los suministros básicos, la funcionaria aclaró que el inmueble dispone de gas por haber sido construido en 2001, previo a la exigencia de los requisitos actuales sancionados en 2004, aunque el restablecimiento del servicio tras las reparaciones quedará sujeto al criterio de las empresas proveedoras.
En lo que respecta a la seguridad tras la onda expansiva en la vivienda número 13 del tercer piso, el diagnóstico técnico arrojó un panorama de tranquilidad. Un ingeniero especialista en estructuras evaluó los niveles segundo, tercero y cuarto, confirmando que, si bien el estallido derribó tabiques divisorios entre las unidades 12, 13 y 14 y causó caída de cielorrasos, no se registraron daños en los elementos resistentes ni compromisos estructurales de gravedad.
A pesar de la estabilidad de la edificación, el retorno de los inquilinos no es inmediato. La habilitación para volver a residir en el lugar dependerá de la remoción de escombros en las áreas comunes de circulación —principalmente las escaleras—, la reconstrucción de las unidades afectadas y la reapertura segura de los servicios. En ese marco, Belloni destacó la rápida respuesta de la firma administradora, la cual asistió a los damnificados y garantizó alojamiento en hoteles para aquellos residentes que no disponían de un lugar alternativo donde alojarse mientras se desarrollan las pericias judiciales y las tareas de acondicionamiento.
