A partir de este miércoles 8 de julio, viajar en taxi en San Miguel de Tucumán es un 33% más caro tras la entrada en vigencia de la ordenanza municipal que autoriza la actualización de los valores. Con este incremento, la bajada de bandera se posicionó en $1.200 (frente a los $900 anteriores), mientras que la ficha cada 100 metros pasó de $90 a $120.
La medida se efectivizó luego de que la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, confirmara la promulgación de la norma aprobada previamente en el Concejo Deliberante. La votación en el recinto legislativo había reflejado una marcada paridad, imponiéndose el proyecto oficialista por nueve votos contra siete en medio de discusiones por el impacto económico en los usuarios y la necesidad de sostener la actividad.
Desde la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán, su presidente Julio Rodríguez informó que el proceso de recalibración de los relojes tarifarios se inició a la medianoche bajo estrictos controles técnicos, resguardando especialmente los sistemas con precintos de seguridad colocados en las inspecciones oficiales. El dirigente justificó la suba al señalar que el sector atraviesa una situación económica compleja debido al alza de los costos operativos, remarcando que tanto los combustibles como el GNC y los insumos generales aumentaron considerablemente por encima de los índices oficiales.
Tensión con las plataformas digitales
El inicio de la nueva tarifa coincide con un escenario de conflicto abierto entre el sector taxista y las aplicaciones de transporte como Uber y DiDi. Desde el municipio capitalino confirmaron el envío de cartas documento para intimar a estas plataformas a regularizar su situación legal y cumplir con las exigencias de la normativa vigente.
Al respecto, Rodríguez aclaró que el planteo del gremio no busca prohibir el funcionamiento de las apps, sino garantizar una competencia bajo igualdad de condiciones reglamentarias. Mientras tanto, la batalla legal promovida por la Federación contra Uber se encuentra actualmente en el fuero Contencioso Administrativo, luego de que la Cámara Civil y Comercial se declarara incompetente. Desde la conducción gremial advirtieron que, de no encuadrarse las plataformas a las exigencias de la ley, el municipio podría proceder al secuestro de los vehículos infractores, lo que anticipa un clima de mayor fricción en el transporte urbano de la capital.
