Las facturas del servicio eléctrico en Tucumán registran un incremento acumulado que alcanza el 38% para los usuarios residenciales y promedia el 44% en el sector comercial, en un escenario donde la empresa distribuidora EDET ya anticipó que se aplicará una nueva actualización en el mes de noviembre. De acuerdo con lo explicado por la compañía, el ajuste responde a la conjunción de dos factores: por un lado, la aplicación en dos etapas del Valor Agregado de Distribución derivado de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) autorizada a fines de abril, que significó un 18% de aumento en el componente local, y por el otro, el encarecimiento del costo mayorista dispuesto por el Gobierno nacional, que incidió en un 20% para casas de familia y en un 26% para los comercios.
A pesar de que el vocero de la firma, Guillermo Autino, precisó que la sumatoria de ambos ítems representa un 38% para el sector residencial desde fines de abril hasta la fecha, numerosos clientes recibieron liquidaciones con porcentajes notablemente superiores. Desde la distribuidora aclararon que estas variaciones técnicas obedecen a la quita paulatina de los subsidios nacionales, los cambios de categorías tarifarias y el incremento estacional del consumo que se produjo durante los meses de junio y julio a raíz de las bajas temperaturas. Según el relevamiento de la propia empresa, el 75% de los usuarios residenciales experimentó subas por debajo del 50%, aunque admitieron la existencia de casos donde el impacto final fue mucho más severo debido al aumento de los kilovatios consumidos y la pérdida de los beneficios del Estado.
Las previsiones para el cierre del año contemplan nuevos ajustes, dado que el componente de distribución volverá a modificarse en noviembre mediante la fórmula de actualización periódica por inflación contemplada en la RTI. Asimismo, el valor final de las boletas continuará condicionado a las futuras resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación respecto al precio mayorista de la electricidad y la reducción de subsidios, un esquema que la propia prestataria reconoció como complejo de interpretar para los usuarios debido a la acumulación de incrementos diferidos, variaciones de consumo y modificaciones normativas en un contexto de marcada pérdida del poder adquisitivo.
