El cuarto día consecutivo de paro llevado adelante por los prácticos en las vías navegables argentinas mantiene completamente interrumpidas las exportaciones agropecuarias y la distribución de combustibles a escala nacional. Frente al reclamo iniciado el sábado tras la publicación del Decreto 690/2026 —firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger—, la Prefectura Naval Argentina intimó mediante edicto a 536 profesionales a retomar sus funciones bajo el apercibimiento de aplicar sanciones disciplinarias e iniciar acciones penales.
La medida de fuerza, provocada por las modificaciones al régimen de practicaje y pilotaje que sustituyeron una normativa vigente desde 1991, genera consecuencias inmediatas en la logística portuaria. Solo en el polo agroexportador del Gran Rosario la cifra de buques inmovilizados ya superaba los 185, con expectativas de sumar otros 30 en las horas subsiguientes. Gustavo Idígoras, titular de CIARA-CEC, remarcó que las empresas del sector no sostienen un conflicto salarial ni contractual directo con los huelguistas, al tiempo que advirtió que cada barco detenido genera un costo diario de entre 50.000 y 100.000 dólares, exponiendo al país al peligro de ser catalogado como un proveedor inseguro en los mercados internacionales frente a competidores directos como Brasil.
En el ámbito energético, la Cámara Argentina de Energía (CADE) confirmó la suspensión total de operaciones en terminales clave como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova. El cese de actividad afecta el traslado marítimo de nafta, gasoil, fuel oil y crudo, afectando inclusive a la embarcación pesada White Marlin, abocada al desarrollo de infraestructura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. La interrupción del flujo marítimo que abastece a la Patagonia sur desde las refinerías del centro del país coloca al abastecimiento en una posición de creciente vulnerabilidad de prolongarse el conflicto.
Por parte del Poder Ejecutivo, el vocero Adrián Ravier ratificó el rumbo de la desregulación, argumentando la necesidad de bajar el costo logístico mediante la apertura de un registro abierto de prestadores, la libertad de contratación y la facultad de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para fijar tarifas máximas. Desde el gobierno sustentan la medida exponiendo los elevados aranceles locales en comparación con estándares internacionales: la tarifa de un Panamax en la zona de Río de la Plata y Buenos Aires alcanza los USD 16.903, frente a los USD 4.729 de Gdańsk o los USD 4.476 de Everglades, sumado a los elevados costos del servicio de lancha, que en Bahía Blanca puede trepar hasta los USD 5.718. Mientras se evalúa la solicitud de una medida cautelar por vía judicial, aún no se ha formalizado una mesa de concertación entre las partes.
