Transcurridos varios días desde la fuerte explosión que conmovió al inmueble situado en Monteagudo 120, en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán, la totalidad de sus residentes enfrenta un panorama caracterizado por la falta de certezas. Sin un horizonte claro respecto al momento en que podrán rehabitar la propiedad, los damnificados permanecen alojados de forma temporal en casas de allegados, parientes o en establecimientos hoteleros provistos por la inmobiliaria, a la espera de definiciones sobre las garantías estructurales y las plazos de retorno.
El drama cotidiano golpea de manera particular a quienes carecen de red de contención local, como el caso de Carolina Ayala, una estudiante universitaria oriunda del interior provincial que residía en la finca desde abril y que, al no contar con familiares en la capital, se vio forzada a deambular sin un paradero fijo. En las últimas horas, aunque varios habitantes accedieron de forma breve para retirar pertenencias, persiste la preocupación por la habitabilidad: si bien el suministro de agua y la red eléctrica empezaron a restablecerse, la provisión de gas continúa suspendida sin fecha de reconexión. Esta situación genera temor por el eventual impacto económico que provocará el uso masivo de artefactos eléctricos, además de posibles contingencias de seguridad.
A las problemáticas edilicias se sumó la indignación por hechos delictivos denunciados durante las jornadas posteriores a la evacuación. Varios residentes advirtieron sobre el ingreso de personas ajenas y la posterior desaparición de elementos personales, detectando accesos forzados y faltantes de electrodomésticos, principalmente en las unidades situadas en la tercera planta. Ante estos episodios, los ocupantes optaron por organizarse de forma autogestionada para registrar el estado de los departamentos y computar los bienes que aún se conservan en las viviendas con vistas a futuros reclamos.
En el plano operativo, las reparaciones avanzan a ritmo lento. De acuerdo con lo comunicado por la administración y la firma inmobiliaria, existe la hipótesis informal de que una parte de los vecinos pueda reingresar en el lapso de una semana operando únicamente con agua y luz, mientras que la restitución del gas demandará plazos de mayor duración; no obstante, aún no existe ninguna ratificación oficial al respecto. En paralelo, los damnificados analizan presentar un escrito formal ante las autoridades y los administradores para dirimir la situación contractual de los alquileres, evaluando cómo se liquidarán los cánones durante el tiempo de inhabilitación y si aplicarán compensaciones o rebajas.
Por otro lado, la vertiente judicial de la investigación no solo busca determinar el origen exacto del estallido, sino también constatar antecedentes de irregularidades edilicias que datan de más de dos décadas. En el expediente constan observaciones ligadas a modificaciones en balcones, reformas en ascensores, ampliaciones e incluso la construcción de un octavo piso sin la correspondiente autorización. Asimismo, las actuaciones judiciales e informaciones administrativas ratifican que en 2018 la propiedad figuraba dentro del registro de inmuebles habitados que carecían del certificado final de obra y de la habilitación definitiva.
