Tucumán atraviesa un momento de fuerte preocupación en su sistema educativo tras una seguidilla de amenazas de tiroteos y episodios de violencia que ya acumulan cerca de 90 denuncias en distintos establecimientos. La situación, atravesada en muchos casos por el uso de redes sociales, encendió alarmas tanto en el ámbito político como judicial, y comenzó a impactar directamente en el normal desarrollo de las clases.
Frente a este escenario, el gobernador Osvaldo Jaldo adoptó una postura firme y exigió respuestas contundentes. El mandatario reclamó a la Justicia y a las instituciones educativas actuar con “severidad” ante estos hechos, y sostuvo que los alumnos involucrados en amenazas o que porten armas dentro de las escuelas deben ser detenidos y expulsados de manera inmediata. “No hay margen de ser benévolos, flexibles o mirar para otro lado”, advirtió, al tiempo que remarcó la necesidad de intervenir antes de que ocurra una tragedia.
En esa línea, el Poder Ejecutivo provincial avanzó con la publicación del Decreto N° 772/7, una herramienta que habilita la aprehensión de estudiantes que incurran en conductas graves y su traslado al instituto de menores Padre Brochero, ubicado en Benjamín Paz. La normativa también establece la responsabilidad civil y penal de los padres, y advierte que las instituciones educativas podrían perder subsidios estatales si no garantizan el cuidado de los alumnos dentro de sus instalaciones. Jaldo cuestionó casos recientes en los que menores que portaban armas, como un revólver calibre 38 o una navaja, fueron enviados a sus casas sin mayores consecuencias.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal profundiza la investigación de estas denuncias. La secretaria de Delitos Complejos, Brenda Deroy, confirmó que todas las actuaciones fueron centralizadas en esa unidad, bajo la órbita de la fiscal Mariana Rivadaneira. Según explicó, se están llevando adelante intervenciones en los establecimientos para preservar pruebas, especialmente en espacios como baños y pasillos, con el acompañamiento del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), encargado de resguardar material fílmico y realizar peritajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados.
Hasta el momento, si bien se realizaron allanamientos con autorización del juez de menores Federico Moeykens, no se dispusieron detenciones ni de alumnos ni de padres. Una de las principales hipótesis que se analiza es la existencia de “retos virales” que se expanden a través de redes sociales, aunque no se descarta la posible participación de adultos en algunos casos. Desde el MPF recordaron además que, más allá del proceso penal que involucra a menores, los padres pueden ser considerados responsables desde el punto de vista civil por los daños ocasionados.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación trabaja en una estrategia paralela enfocada en la prevención. La ministra Susana Montaldo encabezó una mesa de trabajo con especialistas para abordar el problema desde una perspectiva integral, buscando evitar que los conflictos escalen hacia la judicialización. Del encuentro participaron referentes del área legal, del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario, especialistas en justicia penal juvenil y profesionales vinculados a la psicología.
Durante esa instancia, el juez Federico Moeykens planteó la necesidad de repensar el rol de la escuela como un espacio de construcción de paz, promoviendo el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. En la misma línea, la psicóloga Silvina Cohen Imach advirtió sobre las nuevas formas de comunicación entre adolescentes y la importancia de trabajar de manera conjunta con docentes y familias para contener situaciones de violencia antes de que se agraven.
Como parte de estas acciones, el Ministerio anunció la realización de un congreso previsto para la primera semana de junio, orientado a la formación en convivencia escolar y al abordaje de conductas disruptivas tanto en entornos digitales como presenciales. En un contexto delicado, la provincia busca equilibrar medidas firmes con estrategias preventivas para contener una problemática que crece y genera preocupación en toda la comunidad educativa.
