Un pozo petrolero abandonado y mal cerrado tras el cese de su explotación hace tres años desató un colapso ambiental y socioeconómico en Lomas de Olmedo, localidad salteña ubicada a 260 kilómetros de la capital provincial. El yacimiento, explotado por seis empresas desde 1983 hasta la reciente caducidad del contrato de President Petroleum S.A., emite de forma constante gases a alta presión y genera una laguna aceitosa que arrasó con la flora, la fauna y el medio de vida de las familias locales.
La emanación de gas desde el suelo produce rugidos ensordecedores que varían según la presión atmosférica y va acompañada de una llovizna aceitosa. Este fenómeno cubre la vegetación de tierra y grasa, imposibilitando la fotosíntesis y matando a los árboles de pie. El impacto afecta directamente a un ecosistema de alta prioridad ambiental: 20 hectáreas de transición entre el Chaco seco y la selva pedemontana previa a las yungas, hábitat de flora resiliente pero amenazada y de especies autóctonas como el ocelote, la corzuela y el pecarí.
El desastre golpeó severamente la economía de los pobladores, basada históricamente en la ganadería. En el último trienio se ha confirmado la pérdida de más de 350 cabezas de ganado, además de numerosos ejemplares de fauna silvestre como quirquinchos y corzuelas. Ante la peligrosidad del aire viciado y el incremento de las concentraciones tóxicas durante la noche, muchas familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares y trasladarse a localidades como Pichanal, a 80 kilómetros de distancia. Desde allí deben desplazarse a diario por caminos rurales de difícil acceso para intentar resguardar los pocos animales que les quedan.
La gravedad del escenario impulsó la intervención de la Justicia en octubre de 2025, cuando la Fiscalía Penal de Pichanal y el Juzgado de Garantías N° 2 de Orán realizaron una inspección ocular en la zona. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, el gobierno de Salta oficializó mediante el decreto 826/25 la caducidad de la concesión del área CNO-8 “Puesto Guardián”, transfiriendo las instalaciones y pozos a la provincia y facultando al área de Producción a acordar medidas de mantenimiento y resguardo ambiental de emergencia. Por su parte, la comunidad local y la ONG Greenpeace reclaman una intervención urgente para el sellado definitivo del yacimiento, condición indispensable para frenar el daño irreversible sobre el suelo y permitir la recuperación del ecosistema.
