El Poder Ejecutivo nacional presentó mediante cadena nacional un proyecto de ley para reformar de manera profunda la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa, redactada en conjunto por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, ingresará a la Cámara de Diputados durante los primeros días de agosto, tras la finalización del receso invernal. Desde el bloque oficialista confían en reunir los consensos necesarios para lograr la aprobación parlamentaria de la propuesta.
La medida principal del texto radica en la redefinición completa del rol de la institución monetaria. El proyecto deroga el esquema ampliado que regía desde 2012, el cual obligaba al banco a atender cinco fines simultáneos como el empleo y el desarrollo productivo. Con este cambio, la entidad pasará a concentrarse en una única y exclusiva misión: preservar el valor de la moneda local, buscando con ello contener y reducir la inflación de forma sostenida sin subordinar las decisiones monetarias a requerimientos de otra índole.
En esa misma línea, la iniciativa clausura de forma explícita toda posibilidad de que el organismo actúe como financiador del sector público. Se prohíbe de manera categórica que el Banco Central asista financieramente al Tesoro Nacional, a las provincias y a los municipios, eliminando la emisión destinada a cubrir el déficit fiscal, señalada como la causa de fondo de la inestabilidad económica histórica del país.
Para garantizar el cumplimiento de estas restricciones, la ley introduce severas consecuencias jurídicas. El proyecto contempla penas para los funcionarios que vulneren la autonomía de la institución o avalen la asistencia crediticia al Poder Ejecutivo. En concreto, la compra de títulos públicos por parte de la entidad, conocida como señoreaje, quedará catalogada como un delito de asociación ilícita no excarcelable, alcance penal que alcanzará no solo a la cúpula del banco y del Ejecutivo, sino también a los legisladores que voten presupuestos deficitarios financiados mediante emisión.
A la par del régimen de sanciones, la propuesta refuerza la estabilidad del mando institucional. Si bien se conserva el procedimiento actual para la designación de las autoridades, el proceso para remover al presidente o a los integrantes del directorio requerirá el voto afirmativo de una mayoría cualificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Esta exigencia busca desvincular la conducción monetaria de las fluctuaciones electorales y de los recambios de gestión en el gobierno de turno.
Por último, el articulado avanza sobre los mecanismos contables y financieros que facilitaban el auxilio al Estado. Por un lado, se elimina el uso de las Letras Intransferibles, un instrumento cuestionado durante los últimos años por canalizar fondos hacia el Tesoro. Por otro lado, se imponen límites estrictos al reparto de dividendos originados en servicios de liquidez, evitando así que la distribución de utilidades funcione en la práctica como un canal indirecto de financiamiento para el sector público.
