En el marco de una investigación sin antecedentes en la justicia federal del Noroeste Argentino, cuatro tucumanos comenzaron a ser indagados tras ser acusados de integrar una estructura financiera destinada a blanquear activos provenientes de la organización criminal sudamericana Comando Vermelho. La causa local, conducida por el fiscal federal Agustín Chit junto a las áreas especializadas de investigación financiera y recuperación de activos representadas por María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, se derivó del expediente nacional “Operación Crypto”, llevado adelante por el fiscal Diego Velasco de la Procelac, el cual investiga una red atribuida al ciudadano brasileño prófugo Marcelo Clayton Alves de Sousa que habría blanqueado cerca de US$ 500 millones producto del narcotráfico, estafas y evasión.
Las pesquisas en la provincia permitieron detectar una maniobra estimada en US$ 14 millones, en la que estarían involucrados dos jóvenes menores de 25 años que utilizaron las identidades de sus madres para operar en el sistema financiero. La operatoria consistía en la captación de fondos ilícitos, su fragmentación y canalización a través de billeteras virtuales, plataformas digitales, exchanges de criptomonedas y bancos tradicionales, para luego retornar el dinero diversificado hacia Alves de Sousa. Los analistas fundamentaron las acusaciones al constatar severas inconsistencias entre los montos transaccionados y el perfil patrimonial y fiscal de los imputados.
Frente a los elementos de prueba recolectados, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dispuso previamente el congelamiento e incautación de US$ 208.693 depositados en el Banco Nación, además de inhibiciones sobre ocho participaciones societarias —siete de ellas en el exterior—, diez inmuebles, cuatro vehículos y casi medio centenar de productos bancarios. Posteriormente, tras una serie de allanamientos ejecutados por la división Antilavado de la Policía Federal donde se secuestró documentación y material electrónico, se concretó la detención de tres sospechosos y la presentación espontánea de un cuarto, cuya situación procesal quedará a resolución del juez Guillermo Díaz Martínez luego de concluidas las audiencias de indagatoria.
