La administración de Donald Trump pondrá en marcha este viernes una nueva estructura arancelaria sobre los productos importados procedentes de 60 países, fijando tasas que van desde el 10% hasta un techo del 12,5%. La medida, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) e impulsada tras concluir una etapa de investigaciones vinculadas a la falta de controles efectivos contra bienes elaborados con trabajo forzoso, sustituye al régimen de gravámenes temporales que vence esta misma semana y alcanza a economías que concentran el 99,4% de las compras estadounidenses.
El esquema apela a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y categoriza a las naciones evaluadas según sus marcos regulatorios. La tasa del 10% se aplicará a socios que poseen prohibiciones sobre el trabajo forzado, compromisos mediante acuerdos internacionales o sistemas parciales de fiscalización, grupo donde figuran Argentina, Canadá, México, India, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido. En tanto, para la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, la tarifa fluctuará entre el 10% y el 12,5% —descontando aranceles bajo reglas de nación más favorecida—, mientras que otros países investigados pagarán la alícuota máxima. China no integra la nómina por mantener un tratamiento bilateral independiente.
El Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, argumentó que la decisión busca instar a la comunidad internacional a adoptar vetos efectivos a la producción mediante explotación laboral, en sintonía con las leyes que rigen en suelo estadounidense. El nuevo diseño tributario exceptúa a bienes estratégicos como petróleo, gas y fertilizantes, e incluye exenciones para los productos ingresados bajo los términos del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). Asimismo, se precisó que el impacto económico recaerá inicialmente sobre las firmas importadoras locales, al tiempo que la USTR mantiene abiertas pesquisas adicionales sobre 16 naciones vinculadas a presuntas prácticas de sobreproducción.
