El Gobierno de Tucumán oficializó las nuevas adecuaciones en las valuaciones fiscales de los impuestos Inmobiliario y Automotor para el tercer trimestre del año, aplicando criterios diferenciados para cada sector y buscando amortiguar el impacto frente a la inflación acumulada.
Por un lado, mediante el Decreto 1.446, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, se estableció un incremento del 9,91% sobre la valuación fiscal del segundo trimestre para la totalidad de los inmuebles de la provincia. Al respecto, el ministro Abad aclaró que la actualización del primer trimestre se había suspendido debido a las inundaciones que afectaron a parte de la población. Para este nuevo período se calculó un promedio con el fin de que el reajuste no supere los índices inflacionarios de ambas etapas. Asimismo, el funcionario aclaró que este esquema fiscal es independiente del mercado de compraventa de propiedades, el cual se rige por valores de mercado y la ubicación del inmueble. Cabe destacar que, bajo la actual gestión provincial, la Dirección General de Catastro realiza revisiones trimestrales basadas en las variaciones de precios del período.
Por otro lado, el impuesto Automotor y Rodados también tendrá modificaciones bajo el Decreto 1.447. La Dirección General de Rentas dispondrá un tope de adecuación del 7,8% respecto al monto liquidado en el segundo trimestre. Esta actualización toma como referencia los valores de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (Dnrpa) del penúltimo mes anterior al trimestre en curso. Según explicó Abad, la provincia replica los parámetros nacionales tras la discontinuación del sistema de valuación del año pasado, recurriendo a estas fuentes informativas para corregir las desactualizaciones en las patentes, cuyos montos finales pueden variar según el modelo del vehículo.
El contexto de la carga tributaria local
Estas medidas se implementan en un escenario donde la estructura impositiva argentina sigue bajo la lupa. Un informe de la Fundación Libertad y Progreso señala que en el país conviven 150 tributos (entre tasas, impuestos y contribuciones).
Mientras que a nivel nacional se registró una baja de 45 a 40 tributos tras la vigencia de la “Ley de Modernización Laboral” —que suprimió aranceles vinculados a seguros, telefonía celular, vehículos automotores, objetos suntuarios y embarcaciones—, los ámbitos provinciales y municipales mantienen intactos sus esquemas legislativos. De este modo, las administraciones locales continúan concentrando 110 del total de los tributos vigentes, lo que representa el 73% de la estructura impositiva general del país sin modificaciones orientadas a su reducción.
