El caso que investiga una presunta estafa millonaria en la comercialización de azúcar tomó un nuevo rumbo con la declaración pública de Diego Ovejero. El abogado y empresario, señalado como el principal responsable de captar fondos de ahorristas, decidió romper el silencio tras meses de hermetismo. Por recomendación de sus abogados defensores, Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, Ovejero brindó una entrevista en la que rechazó de manera tajante las acusaciones, argumentando que la mediatización del expediente comenzó a afectar gravemente su entorno familiar y su reputación personal.
Durante su descargo, el letrado negó haber montado una estructura defraudatoria y enfatizó que, hasta la semana pasada, continuó devolviendo dinero a varios de los aportantes que hoy lo denuncian. Al explicar el origen de su actividad comercial, detalló que se inició hace años como comisionista en el sector azucarero y que luego amplió el negocio hacia la captación de inversiones. Según sus palabras, todos los participantes conocían detalladamente la dinámica y los riesgos del mercado, habiendo percibido rendimientos satisfactorios durante un prolongado período de tiempo.
Para Ovejero, el origen del conflicto financiero no responde a un engaño, sino a una severa crisis de rentabilidad provocada por la fuerte caída del precio del azúcar durante el año 2025. Aunque admitió que el negocio actualmente experimenta una leve mejoría, señaló que la campaña de desprestigio en su contra dificulta la normalización total de los pagos. Asimismo, el imputado afirmó que él mismo fue víctima de maniobras delictivas por parte de terceros, apuntando específicamente contra un empresario santafesino identificado como Germán Darío Bustos, a quien acusó de haberle pagado un cargamento con cheques falsos que le generaron una pérdida superior a los 66 millones de pesos.
En la misma línea de su defensa, Ovejero arremetió contra los denunciantes al sostener que las cifras económicas y la cantidad de damnificados fueron burdamente sobredimensionadas por los abogados querellantes. El empresario reconoció haber pedido plazos para regularizar las deudas y aseguró que una parte de los acreedores aceptó el plan de contingencia, mientras que otros optaron por la vía penal de forma injustificada. Finalmente, el acusado celebró el traspaso de la causa al fuero federal, manifestando que esta nueva instancia judicial le brinda tranquilidad, ya que obligará a los denunciantes a justificar formalmente el origen legal de los fondos que reclaman.
