La decisión de la Corte Suprema de restablecer la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 —que dejó sin efecto la Ley de Tierras— generó un fuerte impacto político y abrió una nueva oportunidad para que la oposición busque la derogación total del decreto. El Senado ya había rechazado el mega decreto en marzo de 2024, pero en ese entonces la Cámara de Diputados no logró el consenso necesario para confirmar la derogación, por lo que la iniciativa quedó sin tratamiento. En aquel momento, los bloques dialoguistas y los gobernadores acompañaron al Gobierno con el argumento de que era necesario brindarle las herramientas para su gestión, además de que el texto eliminaba normas que muchos consideraban cuestionadas, como la Ley de Alquileres.
Ahora, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas y la Coalición Cívica trabajan juntas para aprovechar el rechazo social que provocó la liberación de la venta de tierras a extranjeros y avanzar contra todo el cuerpo normativo. Evalúan convocar a sesión para el miércoles 7 o el 14 de octubre, aunque advierten que la fecha más cercana podría tener ausencias relevantes por los viajes a Brasil con motivo de las elecciones presidenciales de ese país. El DNU 70 desreguló amplios sectores de la economía: eliminó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prestadoras de salud; y abrió el mercado aéreo y la propiedad de tierras rurales, entre otras medidas.
Desde el oficialismo advierten que una derogación en bloque provocaría desordenes administrativos y procesales, y ya preparan estrategias para evitarlo. Una alternativa sería reintroducir un capítulo específico sobre tierras en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado, para dar respuesta a los gobernadores y aliados sin tocar el resto del decreto. Otra vía similar sería incorporar el tema en la ley de Defensa de la Soberanía que comenzó a debatirse este miércoles en comisión.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, planteó con firmeza: “Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”. En sintonía, Martín Lousteau señaló: “En agosto, la movilización social y el rechazo político frenaron en el Senado el proyecto que buscaba poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Ayer, la Corte volvió a dejar vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que habilita la compra de tierras sin los límites que el Senado buscó establecer. En 2024 voté en el Senado contra el DNU 70/2023 porque es inconstitucional. Lo sigue siendo. Ahora, en Diputados tenemos la oportunidad de revertirlo”. Por su parte, Elisa Carrió expresó: “El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados; de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”.
















