El presidente Javier Milei prepara el envío al Congreso de un ambicioso proyecto de reforma electoral que busca modificar de manera profunda el esquema político argentino. La iniciativa, que comenzará a debatirse en las próximas semanas, incluye la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel, cambios en el financiamiento de los partidos y la incorporación de la denominada “Ficha Limpia”, entre otros puntos centrales.
Según trascendió desde el Poder Ejecutivo, el proyecto aún no fue girado formalmente al Congreso, aunque se prevé que su tratamiento comience en el Senado. La estrategia del oficialismo apunta a negociar con los gobernadores provinciales, actores clave para garantizar los votos necesarios en un escenario político que anticipa discusiones intensas.
Uno de los ejes principales de la reforma es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un sistema que el Gobierno considera costoso e innecesario. En su lugar, se plantea un esquema con mayores exigencias para la constitución de partidos políticos, con el objetivo de reducir la proliferación de estructuras con escasa representatividad.
En ese sentido, el proyecto propone reemplazar las tradicionales afiliaciones en papel por un sistema de avales con validación biométrica, lo que permitiría evitar irregularidades y fortalecer los controles. Además, se modificará la Ley Orgánica de Partidos Políticos, elevando los requisitos para obtener y mantener la personería jurídica.
Entre los cambios previstos, se establece que los partidos de distrito deberán acreditar afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral, con un tope máximo de dos millones de electores. Para alcanzar la categoría de partido nacional, se exigirá presencia en al menos diez distritos, duplicando el requisito actual. También se perderá la personería si no se logra un mínimo del 3% del padrón en dos elecciones consecutivas.
Otro punto clave es la implementación de la Boleta Única de Papel, que incorporará la posibilidad de votar listas completas mediante un casillero específico. En escenarios de elecciones simultáneas, el mismo instrumento podrá incluir cargos nacionales, provinciales y municipales, simplificando el proceso electoral.
En el plano ético, el proyecto introduce la “Ficha Limpia”, una cláusula que impedirá postularse a cargos electivos a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. Esta restricción también alcanzará a funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo ministros, secretarios y directores de empresas estatales. El objetivo, según el propio Milei, es avanzar hacia un sistema con mayor transparencia y “terminar con la impunidad”.
La reforma también impacta en el financiamiento político. El texto eleva los límites de aportes privados y elimina los topes de gasto de campaña, aunque prohíbe donaciones de personas vinculadas a delitos graves como lavado de dinero, narcotráfico o fraude contra la administración pública. Las agrupaciones que incumplan las normas podrían perder el financiamiento estatal por períodos de entre uno y cuatro años.
Además, se establece un cambio en la distribución de los recursos públicos, concentrando el aporte estatal en un único pago anual y eliminando la publicidad gratuita en medios audiovisuales. Otra novedad es que dejará de ser obligatorio el debate presidencial.
En el plano internacional, la iniciativa suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha común para todos los países del bloque. Mientras tanto, los representantes argentinos serán designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad política.
El trasfondo político de esta reforma refleja un giro en la estrategia del oficialismo, que busca instalar el debate público y condicionar el calendario electoral del próximo año. Desde la Casa Rosada consideran que la suspensión de las PASO en 2025 tuvo buena recepción y apuestan a avanzar en su eliminación definitiva.
Sin embargo, el camino legislativo no será sencillo. Las negociaciones con las provincias aún no están cerradas y existen posturas diversas entre los gobernadores. Algunos, como Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, ya iniciaron contactos con el Ejecutivo, mientras que otros mantienen una posición más cautelosa.
La mesa política del oficialismo, integrada por figuras como Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo Menem, será la encargada de articular los acuerdos necesarios para avanzar con la iniciativa.
