Una investigación de la Justicia Federal derivó en la detención de Griselda Inés Ortiz, una ex sargento de la Policía Bonaerense de 45 años acusada de integrar una red de trata con fines de trabajo forzoso en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Las actuaciones, impulsadas por el fiscal Sergio Mola de Lomas de Zamora junto a la fiscalía especializada PROTEX, se concentraron en su domicilio de Tigre, localidad donde desempeñó sus últimos años de servicio en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
Ortiz ingresó a la fuerza de seguridad en 2015 como integrante de la Policía Local y continuó su carrera en la Provincia de Buenos Aires, donde llegó a ser reconocida con un premio estímulo por su desempeño en 2022. Sin embargo, tras viajar a Kiev a fines de 2025 para sumarse a las acciones bélicas como parte de la “Unidad Avanzada” del GUR (la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano), solicitó la baja definitiva de la institución en marzo de 2026. Para ese momento, percibía un sueldo básico de 1.200.000 pesos en mano que complementaba con horas extras.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, tras su paso por el frente de batalla, la mujer, madre de cinco hijos de entre 20 y 28 años, cambió su rol para dedicarse al reclutamiento de combatientes junto a su pareja, Jorge Alberto Otero. Otero, de 38 años, es exmiembro de la Policía Federal, dueño de un gimnasio y practicante de fisicoculturismo.
La maniobra de captación combinaba publicaciones en Instagram y Facebook, donde exhibían imágenes vistiendo uniforme militar y portando armas de fuego, con negociaciones privadas en las que prometían ingresos de al menos 1.000 dólares mensuales, sumados a un adicional de 700 dólares para quienes fueran destinados a las posiciones de mayor riesgo en la primera línea.
Las pesquisas determinaron que la pareja coordinaba el traslado de contingentes de entre 10 y 15 personas con pasajes financiados por vías que aún se investigan. Si bien algunos de los convocados contaban con preparación previa en el Grupo Halcón o en las Fuerzas Armadas, otros eran jóvenes recién ingresados a la mayoría de edad sin instrucción militar.
Las condiciones impuestas a los trasladados incluían la permanencia obligatoria durante un mínimo de seis meses, la retención de pasaportes y la prohibición de poseer teléfonos celulares. Al llegar a destino, eran forzados a firmar en idiomas que desconocían un contrato por tres años para integrar fuerzas de apoyo especial. Quienes intentaban regresar al país eran bajo amenaza de ser acusados de deserción o intimados a abonar una compensación de 2.500 dólares.
La situación derivó en la intervención de la Embajada argentina en Kiev luego de que al menos 15 jóvenes varados lograran solicitar auxilio. A su vez, una alerta emitida por Interpol Colombia detalló el uso de ofertas laborales engañosas y coactivas para enviar combatientes al conflicto europeo, donde se estima que desde 2022 han participado unos 27.000 extranjeros de 130 nacionalidades.
En la órbita nacional, la PROTEX recopiló nueve expedientes vinculados a este esquema, la mayoría radicados en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora por su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sumados a expedientes en trámite en Tucumán y Santa Fe, y a cinco denuncias recibidas en la línea 145 por parte de familiares de los afectados.
