A raíz de la fatal explosión e incendio ocurrida en el inmueble de Monteagudo 120, los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos ingresaron un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. La propuesta busca que el Departamento Ejecutivo Municipal ponga en marcha una auditoría preventiva sobre los edificios destinados a vivienda colectiva en la capital —estén o no bajo el régimen de propiedad horizontal— para evaluar minuciosamente sus condiciones técnicas, de seguridad e historial administrativo.
La iniciativa legislativa surge tras la confirmación de la directora de Catastro y Edificación municipal, Nora Belloni, sobre la falta del Certificado de Final de Obra en la edificación del siniestro, la cual registraba intimaciones por incumplimientos normativos desde 2018. Ante este escenario, la norma plantea iniciar las inspecciones priorizando tres grupos específicos: las propiedades identificadas en el relevamiento comunal de 2018, los inmuebles que carecen actualmente de final de obra o certificado de habitabilidad, y aquellos edificios que cuenten con denuncias o antecedentes de incidentes que sugieran la presencia de riesgos.
El relevamiento propuesto abarca una fiscalización integral. En el aspecto documental y administrativo, se solicita constatar la existencia de planos aprobados, la coincidencia entre la obra construida y la autorizada, el historial de inspecciones, sanciones aplicadas y la trazabilidad de las acciones estatales cuando las faltas persisten en el tiempo. Asimismo, en el plano operativo, exige verificar el estado de las instalaciones de gas, agua y electricidad, la preservación de estructuras, la operatividad de los ascensores, las vías de evacuación, los sistemas de iluminación de emergencia y los equipos contra incendios.
Dentro de las consideraciones del proyecto, Canelada y Cobos remarcan que la estabilidad estructural de un inmueble no debe confundirse con la aptitud de sus instalaciones ni con el cumplimiento de las reglas urbanísticas. En ese sentido, recuerdan que, si bien la estructura portante de Monteagudo 120 no colapsó, el evento dejó tres departamentos inhabitables y el resto del espacio condicionado a revisiones de servicios básicos. Por ello, argumentan que no basta con labrar multas o intimaciones, sino que es imprescindible evaluar la efectividad de las herramientas de fiscalización municipal cuando los incumplimientos se prolongan por años con personas habitando los lugares.
El expediente toma como antecedente central el relevamiento realizado por el municipio en 2018, cuando se detectaron 31 edificios habitados de forma irregular con conexiones precarias de servicios, medidores de obra o uso de garrafas en áreas comunes. Al constatarse que varias de esas propiedades siguieron ocupadas sin regularizarse, los ediles buscan determinar qué seguimiento le dio el Estado a esos expedientes. No obstante, aclararon que la falta de documentación no implica automáticamente un peligro inminente ni busca generar alarma social, por lo que instan a que las eventuales clausuras o restricciones se apliquen exclusivamente tras evaluaciones técnicas que diferencien faltas administrativas de riesgos reales para los vecinos.
