Durante los primeros siete meses del año, el Sector Público Nacional logró mantener las cuentas públicas con saldo positivo al acumular un superávit financiero equivalente al 0,1% del PBI y un resultado primario cercano al 0,9% del producto. En julio, el resultado financiero alcanzó un superávit de $244.897 millones, impulsado por un superávit primario de $2.960.333 millones. Sin embargo, este desempeño fiscal se concretó mediante un marcado recorte de los gastos estatales para compensar la contracción de los ingresos en términos reales.
De acuerdo con estimaciones de la consultora Outlier, los ingresos primarios sufrieron una caída real del 4,5% en la comparación interanual de los primeros siete meses, explicada principalmente por la retracción en los derechos de exportación, tributos a las importaciones y recursos de la Seguridad Social. Frente a este panorama, las partidas más ajustadas por el Poder Ejecutivo continuaron siendo la inversión pública, que representó apenas el 0,15% del PBI, y los envíos directos a las provincias, situados en el 0,10% del producto. Por su parte, los subsidios económicos mostraron un leve repunte al ubicarse en el 0,54% del PBI, influenciados por el contexto energético internacional.
La meta del programa oficial y de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece un superávit primario del 1,4% del PBI para 2026 —y del 1,5% según la Ley de Presupuesto—, lo que exigirá que la segunda mitad del año genere una magnitud de resultado primario similar a la obtenida en el primer semestre. Analistas de las firmas Outlier y LCG remarcaron que el margen para aplicar mayores reducciones de partidas es acotado, señalando que la dinámica de la recaudación y la sostenibilidad de las medidas en un contexto preelectoral serán determinantes para cumplir con las metas fiscales fijadas.
