El reciente incremento en las boletas de la empresa EDET generó una fuerte controversia en la provincia de Tucumán debido a denuncias de usuarios que reportaron facturaciones que duplican o triplican los montos habituales. Ante este escenario, la Red de Defensa del Consumidor y Usuarios (REDECU) impugnó formalmente el procedimiento administrativo que convalidó las subas y elevó el reclamo a los tribunales. Juan Andrés Robles, abogado de la asociación civil, detalló que la presentación judicial se encuentra actualmente bajo análisis a la espera de una resolución por parte de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, instancia en la que solicitan que se revise de fondo la validez del proceso y se dictamine una medida para dejar sin efecto los aumentos mientras se define el litigio.
El eje central de la demanda interpuesta por REDECU no radica únicamente en los porcentajes de las subas, sino en las presuntas irregularidades que rodearon a la audiencia pública convocada por el ERSEPT el pasado 5 de enero de 2026. Según expuso el letrado, la documentación técnica obligatoria para evaluar el nuevo esquema de tarifas fue difundida con un margen de tiempo sumamente acotado, lo cual habría afectado de manera directa la transparencia, la participación ciudadana efectiva y la capacidad de debate de las entidades de consumidores. Robles advirtió sobre las graves consecuencias sociales de las facturas actuales, remarcando que reciben constantes consultas de trabajadores, pequeños comerciantes y jubilados cuyos ingresos no pueden afrontar los costos, llegando al extremo de deber optar entre abonar el servicio eléctrico o adquirir medicamentos. A su vez, cuestionó la falta de respuestas contundentes por parte de los entes reguladores locales y contrastó la situación con las provincias de La Rioja y San Juan, donde las administraciones gubernamentales activaron herramientas para mitigar el impacto energético.

Por su parte, los datos técnicos provistos por EDET indican que las modificaciones en las boletas residenciales acumulan un alza cercana al 38%, derivada de una actualización del 18% correspondiente a la Revisión Tarifaria Integral y un 20% sobre el valor neto de la energía. Para el sector comercial, la firma informó un impacto global aproximado del 44%, compuesto por el mismo 18% de la revisión integral y un 26% de incremento en el componente energético. Pese a estas cifras oficiales, desde la organización de defensa del consumidor insistieron en que existen numerosos casos particulares con saltos tarifarios muy superiores a los promedios declarados. Finalmente, la entidad recordó que mantiene abiertas las vías de asesoramiento tanto para los reclamos vinculados a los cuadros tarifarios como para las demandas colectivas por daños materiales derivados de los cortes de luz, centralizando la atención en su sede de General Paz 576 (piso 3, oficina 3) de lunes a viernes en los horarios de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, o mediante la línea de WhatsApp 3813-526-320 y su equipo de asesores legales.
















