La Justicia comenzó a investigar al empresario Franco David Alderete ante las sospechas de haber liderado una estafa piramidal a través de su firma Lebron Group SAS. La causa, que recién inicia y está en manos del fiscal Fernando Blanno, cuenta actualmente con 15 denuncias formales por un monto que supera los $536 millones, aunque las autoridades estiman que la cifra de damnificados podría superar el centenar con el avance del expediente. A su vez, se analiza si el investigado replicó esta operatoria en provincias como Santiago del Estero —donde los reclamos informales ya rondarían los $1.000 millones—, Córdoba, Catamarca y Santa Fe.
Según consta en las denuncias de las víctimas, la maniobra consistía en captar capitales a cambio de jugosas tasas de interés mensual, que arrancaban en un 7% para los aportes en pesos y un 3,4% para las colocaciones en dólares. El dinero recolectado supuestamente se destinaba a la importación de artículos tecnológicos y suplementos alimentarios que Alderete comercializaba en cinco locales comerciales de Tucumán bajo la firma Grupo Lebron SRL, espacio que además incluía un bar en la zona de Yerba Buena. Si bien el acusado declaró que estas operaciones se iniciaron a mediados de 2020 en su ciudad natal de Lules y continuaron hasta marzo de este año, los abogados querellantes, Juan Pablo Bello y Aníbal Paz, sostienen que se trata de un esquema Ponzi tradicional. De acuerdo a los damnificados, los problemas de pago se asomaron levemente entre 2023 y 2024, pero hicieron crisis definitiva en febrero de 2025 e inicios de 2026, momento en que comenzaron los escraches públicos en redes sociales, a los cuales el empresario respondió con contradenuncias por calumnias e injurias.
La investigación también puso la lupa sobre la ingeniería societaria utilizada para sostener el negocio. Ante la Justicia, Alderete afirmó que Lebron Group era la única firma abocada a esta actividad, pero los registros demuestran que cuando ARCA le suspendió el CUIT, el empresario constituyó de inmediato la firma Total Finan SAS para seguir operando. Asimismo, los peritajes detectaron transferencias hacia otras firmas sospechosas de funcionar como fachadas, tales como Sportmed SRL y De Nutrición Argentina SRL. En paralelo, los abogados de las víctimas no descartan que existan más implicados en la estructura, apuntando a nombres que figuran en el expediente como Iván Manzur Eter (primo del acusado y primer administrador de la firma), Patricia Ghiggia (primera inversora y denunciante), además de Ricardo Villarreal y Celeste Salvatierra, vinculados a la segunda sociedad creada. Aunque el empresario admitió tener entre 40 y 60 empleados a su cargo, evitó precisar qué funciones cumplían.
A sus 35 años, el perfil de Alderete muestra un vertiginoso ascenso económico en menos de un lustro. De comenzar con un pequeño comercio en Lules, pasó a expandir sus sucursales, fundar la firma Children SAS junto a su exesposa para proyectos educativos y planificar el lanzamiento de la línea alimentaria Bronny. Mientras las víctimas aportaron pruebas fotográficas de sus viajes por el mundo, vehículos de alta gama y su residencia en un barrio privado, el imputado declaró ante la fiscalía que no posee inmuebles propios y que se moviliza en un auto del año 2012. En el plano político, allegados al empresario señalaron sus intenciones de convertirse en referente local de La Libertad Avanza por su admiración hacia el presidente Javier Milei, una vinculación que fue desmentida de manera tajante por los dirigentes de dicho espacio.
Por el momento, Alderete permanece en libertad y sin una imputación formal. En su defensa, negó la existencia de una estafa y atribuyó la situación a dificultades financieras, asegurando que mantiene la voluntad de pago. Sin embargo, la querella rechazó de plano sus propuestas de devolución, calificándolas de inviables al pretender saldar las deudas con terrenos o productos de dudosa procedencia, sumado a presuntas amenazas donde el empresario alardeaba de sus contactos y de portar armas de fuego. El futuro de la causa dependerá del encuadre legal que determine el fiscal Blanno tras ratificar las denuncias: si se ratifica el fraude la causa seguirá en el fuero penal provincial; si se considera un simple incumplimiento de contrato derivará al fuero civil; y si se comprueba una intermediación financiera no autorizada pasará a la Justicia Federal, donde además podrían abrirse líneas de investigación por asociación ilícita y lavado de activos.
