En el marco de un paro de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), las autoridades nacionales oficializaron la implementación del protocolo que considera a la enseñanza como un servicio esencial. La medida, dispuesta por la Secretaría de Educación conducida por Carlos Torrendell bajo el área del Ministerio de Capital Humano, exige mantener operativo al menos el 75% del funcionamiento habitual en las aulas durante la jornada.
La normativa se sustenta en la Ley 27.802 y habilita al Poder Ejecutivo Nacional a supervisar y evaluar el grado de cumplimiento en las distintas provincias. Según argumentaron desde el Gobierno nacional, el propósito central de esta determinación radica en ofrecer certezas a los hogares y resguardar la continuidad del proceso pedagógico frente a las huelgas.
Para operativizar los controles, se llevó a cabo un encuentro del Consejo Federal de Educación donde representantes de las áreas educativas del país acordaron esquemas de fiscalización conjunta. A través de este mecanismo se evaluará tanto la adhesión al paro como el funcionamiento efectivo de las guardias obligatorias en los colegios de todo el territorio argentino.
La medida de fuerza dispuesta por la entidad sindical abarca los niveles inicial, primario y secundario, coincidiendo en varias jurisdicciones —como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, con el comienzo de las clases o el reinicio de la actividad escolar tras el receso.
Desde CTERA y otros gremios de alcance provincial argumentaron que la protesta responde al estancamiento en las discusiones salariales. Asimismo, el reclamo contempla la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el aumento de los fondos destinados a la infraestructura edilicia y a los programas del sistema educativo.
