Tras superar severas restricciones en el suministro de gas natural causadas por la ola de frío, los ingenios azucareros de Tucumán intentan normalizar su ritmo de producción. El impacto de estas limitaciones afectó con mayor fuerza a las plantas que carecían de estrategias preventivas de abastecimiento, las cuales debieron afrontar el encarecimiento del combustible importado, una variable que además se vio presionada por el escenario geopolítico internacional. Aunque la gestión nacional priorizó el consumo residencial durante el invierno, el entramado industrial padece uno de los periodos más complejos debido a los topes energéticos y la disparidad de precios.
Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que la producción de gas local no presenta problemas de escasez, sino que el conflicto radica en la infraestructura de transporte y el diseño de comercialización. La Resolución 66/2026 reordenó el suministro para privilegiar el caudal de Vaca Muerta, pero la falta de finalización del gasoducto Tratayén-La Carlota dejó desprotegido al Noroeste Argentino (NOA). Esto genera una paradoja estructural: hay alta disponibilidad de gas en Neuquén y arriban barcos al puerto, pero las industrias norteñas enfrentan trabas para acceder al recurso. Simultáneamente, firmas de Córdoba, el Litoral y el NOA registraron caídas de hasta el 70% en el suministro.
La brecha de costos profundiza la crisis del sector, ya que el gas nacional promedia los US4,50pormilloˊndeBTU,mientrasqueelGasNaturalLicuado(GNL)importadoalcanzalosUS 18, un valor insostenible para gran parte de las empresas. Para este año, Enarsa proyecta la compra de 28 buques de GNL por un total superior a los U$S 1.100 millones, lo que representa un aumento del 50% en comparación con 2025. Ante esto, la Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó llamar al comité de emergencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas para resolver quién asume los sobrecostos, planteando además que el Estado absorba la mitad del valor del GNL importado y el sector privado el resto, alternativa que fue rechazada por el Ministerio de Economía.
Desde la perspectiva oficial, la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el secretario coordinador, Daniel González, sostienen que las industrias deben abonar el costo real del gas regasificado para transparentar los precios y promover decisiones de mercado. No obstante, el informe de CEPA advierte que el Gobierno suprimió el rol de Enarsa como proveedor de última instancia sin estructurar un mercado alternativo previo, forzando a cada empresa a resolver su abastecimiento de forma aislada. El documento concluye que si no se ejecutan las obras de conexión entre Vaca Muerta y el NOA, y si no se diseñan esquemas de transición ante los cambios regulatorios, los perjuicios productivos actuales podrían reiterarse en los próximos ciclos.
