El Gobierno del Reino Unido respondió formalmente al anuncio de la Argentina de iniciar un arbitraje internacional por la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte y rechazó la medida. La postura fue difundida por Uma Kumaran, ministra para los Territorios de Ultramar, quien defendió el derecho de los habitantes de las islas a aprovechar sus recursos naturales y advirtió que las acciones del Gobierno argentino “plantean interrogantes” sobre la confianza entre ambos países. La funcionaria señaló que las islas son británicas y que se mantendrá el respaldo a su desarrollo, al tiempo que sostuvo que la actividad hidrocarburífera se ajusta al derecho internacional.
La respuesta de Londres se produjo después de que la administración de Javier Milei notificara su decisión de recurrir al mecanismo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el objetivo de frenar el proyecto petrolero Sea Lion. El Presidente estableció un plazo de dos semanas para que el Reino Unido detenga los trabajos y advirtió que, de no hacerlo, se acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El canciller Pablo Quirno confirmó que la comunicación oficial ya fue enviada y que la estrategia incluye solicitar una medida cautelar para detener las obras mientras avanza el proceso, dado que se trata de recursos no renovables que se extraerían de forma irreversible.
En su declaración, Uma Kumaran expresó que la iniciativa argentina busca obstaculizar el desarrollo de una comunidad que eligió libremente su forma de gobierno y que las actividades que se pretenden frenar son lícitas y están amparadas por la legislación local y el derecho internacional. La ministra indicó que esta semana la postura británica fue transmitida directamente al embajador de la Argentina en Londres y remarcó que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional no contribuyen a una relación constructiva entre ambos países. El proyecto Sea Lion, en el que participan las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, prevé iniciar la producción de petróleo en 2028 y ya cuenta con la decisión final de inversión.
La controversia combina argumentos políticos y jurídicos: la Argentina reivindica su soberanía sobre el territorio y cita resoluciones de las Naciones Unidas que llaman a evitar cambios unilaterales mientras la disputa esté abierta, en tanto que el Reino Unido y las autoridades isleñas basan su postura en el principio de autodeterminación de los pueblos. Si vence el plazo fijado sin que haya cambios, la Argentina avanzará con la solicitud de medidas provisionales ante el tribunal internacional.
