La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez entró en una etapa decisiva luego de que Felipe “El Militar” Sosa, señalado como autor principal del hecho, decidiera declarar por primera vez desde su detención, tras cinco meses de permanecer en silencio. En una audiencia clave, el acusado rechazó toda responsabilidad, mientras la Fiscalía reforzó su acusación y detalló el rol que le atribuye a los otros tres imputados.
“Que quede claro: yo no maté a Érika”, expresó Sosa ante el juez Bernardo L’Erario Babot, sorprendiendo a los presentes. Según su versión, no tenía vínculos con la joven y la última vez que se vieron había sido en mayo de 2024, mucho antes de que ocurriera el hecho.
La hipótesis que sostiene el fiscal Pedro Gallo indica que la víctima fue asesinada a golpes el 7 de enero en la casa donde vivía Sosa, y que posteriormente su cuerpo fue introducido en una bolsa de residuos y abandonado en un descampado de la zona de Manantial Sur.
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma informó que las pruebas recolectadas permitieron descartar la participación de terceras personas. Explicó que, aunque al principio no se cerraba esa posibilidad, los análisis genéticos solo hallaron rastros correspondientes al principal imputado.
Estrategias enfrentadas
La declaración de Sosa fue interpretada por el abogado de la familia de la víctima, Carlos Garmendia, como parte de una estrategia defensiva. El letrado recordó que la defensa había anunciado que intentaría demostrar que existía una relación comercial vinculada a la venta de drogas entre ambos, mediante comprobantes de transferencias bancarias, aunque esa documentación aún no se incorporó al expediente. También advirtió que buscan cuestionar el informe de autopsia para cambiar la versión sobre la causa de la muerte.
Por su parte, los abogados de Sosa, Marcelo Cosiansi y Nicolás Ruiz Flores, señalaron que la audiencia representó un avance. Afirmaron que incorporaron informes de especialistas forenses de trayectoria nacional que contradicen las conclusiones del estudio médico oficial, por lo que consideran que la causa del fallecimiento sigue siendo un punto a debatir. “Es un derecho declarar, y este caso se da en un contexto particular: la muerte de una persona que tenía vínculos con un narcotraficante”, agregó Cosiansi.
Se detallan los cargos por encubrimiento
La Fiscalía también precisó la imputación contra los otros tres procesados, a quienes atribuye haber actuado para ocultar lo sucedido:
- Justina Gordillo, entonces pareja de Sosa: se le imputa haber ayudado a esconder el cuerpo, borrar rastros, facilitar su huida y gestionar sus cuentas bancarias.
- Nicolás Navarro Flores: se le acusa de haber desechado las pertenencias de la víctima y de ofrecer una propiedad familiar para ocultar los restos.
- Jorge “Chicho” Díaz: se le atribuye haber limpiado la vivienda para eliminar evidencias y colaborar en el ocultamiento del cadáver.
Las defensas cuestionaron la reformulación de los cargos. La letrada de Gordillo, María Florencia Abdala, calificó la acusación de “poco precisa” y “muy cuestionable”, mientras que Juan Pablo Bello, abogado de Díaz, coincidió con ese criterio. Solo el representante de Navarro Flores, Patricio Char, no planteó objeciones.
El caso avanza a juicio
Tras escuchar a todas las partes, el juez L’Erario Babot dio por válida la nueva formulación de cargos, con lo que la causa queda habilitada para seguir su curso hacia el juicio oral. Allí se deberá debatir tanto la responsabilidad de cada imputado como las distintas versiones sobre cómo ocurrieron los hechos y qué provocó la muerte de Érika Antonella Álvarez.
