Un clima de alta tensión se vive en la Municipalidad de Tafí Viejo tras la jornada de protesta protagonizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La manifestación, que contó con el acompañamiento de familias y vecinos de la zona, tuvo lugar frente a las puertas del palacio municipal en reclamo por la desvinculación repentina de diez agentes que prestaban servicios en la repartición de Hábitat.
La medida de fuerza sacó a la luz graves irregularidades en las condiciones del personal afectado. Según expuso la conducción gremial, los damnificados contaban con una trayectoria de entre 15 y 18 años prestando funciones para el municipio, percibiendo haberes de aproximadamente $440.000 abonados a través de billeteras virtuales. Los despidos se ejecutaron sin notificación formal previo aviso ni el pago de las liquidaciones correspondientes. Además, el gremio denunció que la gestión municipal colocó candados en los accesos a las oficinas para evitar que el personal ingresara a sus puestos de trabajo.
La postura del Ejecutivo municipal permanece en absoluta reserva. Tras una reunión mantenida el lunes entre representantes del municipio y la cúpula sindical, las autoridades trasladaron la responsabilidad directa a la intendenta Alejandra Rodríguez, aduciendo que solo ella conoce los motivos de las bajas. Ante esto, ATE solicitó formalmente una audiencia con la jefa comunal, pedido que hasta la fecha no ha obtenido respuesta.
Durante la manifestación, la sede consistorial se mantuvo resguardada por un fuerte despliegue de las fuerzas policiales. Desde la conducción del gremio, encabezada por su secretario general José Gallo Alderete, desmintieron de forma categórica que el reclamo responda a maniobras de política interna. El dirigente enfatizó la urgencia de la situación social de los afectados y confirmó que, por decisión de la asamblea, decretaron el quite de colaboración y mantendrán las medidas de protesta de manera indeterminada hasta recibir una solución concreta por parte del municipio.
