La política tucumana sumó un foco de alta tensión tras la denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito que salpica directamente a la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros. Frente al impacto de la acusación, el gobernador Osvaldo Jaldo rompió el silencio este miércoles y dejó en claro que la provincia se alineará con el avance de la causa. El mandatario provincial remarcó que se encuentran ante un escenario que requiere una investigación a fondo y aseguró que, bajo la premisa de que nadie está por encima de la ley, el Gobierno acompañará activamente las medidas que determine la Justicia antes de evaluar cualquier tipo de repercusión o medida política en el plano institucional.
La presentación judicial que desató el conflicto fue radicada el martes en el Fuero Penal por una comitiva opositora integrada por el legislador Manuel Courel, el edil simoqueño Luis Escobar y el dirigente de Alberdi, Luis Augier. El núcleo de la sospecha gira en torno a la adquisición en efectivo de dos exclusivos lotes (el 70 y el 71, ubicados en el sector 12) dentro del cotizado country Las Yungas, en Yerba Buena, una operación inmobiliaria que superaría el millón de dólares. Los denunciantes consideran inviable la transacción al señalar que la jefa municipal no cuenta con un historial de ingresos en el sector privado que justifique semejante desembolso, respaldando su acusación con una liquidación de expensas de junio donde la funcionaria figura como propietaria de ambos terrenos unificados, los cuales devengan un gasto mensual que ronda los $570.000 por cada parcela.
El entramado de la denuncia no solo roza a la intendenta, sino que también involucra formalmente a Ariel Mendelek, actual secretario de Hacienda de Graneros. Según el escrito presentado, Mendelek habría sido el encargado de transportar físicamente los fajos de billetes hacia una filial del Banco Galicia para sellar el millonario pago. Ante estas sospechas, los impulsores de la causa solicitaron formalmente que el tesorero municipal sea citado a prestar declaración testimonial, además de requerir informes exhaustivos a la administración del barrio cerrado y pedir que se les otorgue el rol de querellantes para monitorear el pulso de un expediente que promete agitar las aguas del poder provincial.
