El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, habló este martes sobre el intento de motín ocurrido en el Instituto San José Gabriel del Rosario Brochero, donde un grupo de menores alojados tomó parte de las instalaciones y mantuvo retenido a un trabajador del lugar.
Según explicó el mandatario provincial, el conflicto se habría originado luego de los controles realizados durante el fin de semana y el feriado para evitar el ingreso de sustancias ilegales al establecimiento. “No se permitió el ingreso de droga y esa fue la reacción que tuvieron”, sostuvo.
Jaldo remarcó que Tucumán adoptó la seguridad como una política de Estado y señaló que una de las prioridades fue reorganizar el sistema penitenciario para reducir la cantidad de detenidos alojados en comisarías.
“Las comisarías no están preparadas para alojar internos. Esa función corresponde al servicio penitenciario, que cuenta con personal capacitado para custodiar a quienes cometen delitos”, afirmó.
En ese contexto, recordó que la Provincia avanzó con obras que habían quedado inconclusas y destacó especialmente la remodelación del actual Instituto Cura Brochero, reemplazando al antiguo Instituto Roca, que —según indicó— no reunía condiciones adecuadas de seguridad ni cumplía con estándares exigidos para alojar menores en conflicto con la ley.
El gobernador aseguró que en el viejo establecimiento existían frecuentes problemas vinculados al ingreso de drogas y a intentos de fuga. “En el Instituto Roca arrojaban sustancias desde la calle hacia el interior. Hoy, en el Cura Brochero, se hace cumplir el encierro como corresponde”, señaló.
Además, detalló que actualmente hay diez menores alojados en el instituto y que varios de ellos enfrentan causas graves, incluyendo homicidios. “Se trata de jóvenes de alta peligrosidad que necesitan un lugar con mayores medidas de seguridad y condiciones adecuadas para su tratamiento”, explicó.
En relación con el motín, Jaldo insistió en que el endurecimiento de los controles durante las visitas fue el detonante de la situación y defendió el accionar de las autoridades del establecimiento.
También cuestionó a sectores que habían presentado planteos judiciales contra el funcionamiento del instituto y consideró que algunas organizaciones “defienden los derechos humanos de una sola parte y no de toda la sociedad”.
Finalmente, el mandatario aseguró que el Gobierno provincial continuará reforzando las medidas de seguridad y preparando infraestructura ante una posible baja en la edad de imputabilidad. “Todo el peso de la ley seguirá cayendo sobre quienes incumplen las normas. Para eso nos hemos preparado y por eso se remodeló este instituto”, concluyó.
