Una extensa presentación formal entregada ante el Consejo Federal de la AFA desencadenó una profunda revisión institucional en la Liga Tucumana de Fútbol. El documento, que consta de 23 páginas, exige auditar los ámbitos administrativo, financiero, contable y deportivo de la entidad, señalando responsabilidades directas sobre el presidente Eduardo Monteros, el tesorero Ricardo René Elías y miembros del Comité Ejecutivo, al tiempo que solicita la suspensión cautelar de las autoridades principales durante el desarrollo del proceso.
Las objeciones abarcan desde el manejo de fondos hasta aspectos organizativos y disciplinarios. Asimismo, se sumó un expediente adicional dirigido a Elías por un presunto incidente físico violento contra Mario Suárez, director técnico de Concepción FC, tras un encuentro frente a Ñuñorco. Frente a esto, la dirigencia ya remitió un descargo inicial a la AFA y evalúa elevar acciones legales respecto de la veracidad de los avales presentados.
Descargos sobre el balance y la realización de la Asamblea Entre las irregularidades planteadas se cuestiona la falta de realización formal de la Asamblea General Ordinaria en 2026 para el análisis de la Memoria, el Balance General y el estado contable del ejercicio 2025, además del vencimiento en marzo del mandato del Tribunal de Cuentas.
Al respecto, la cúpula directiva admitió la demora pero remarcó que el balance está listo y certificado desde hace aproximadamente un mes. Explicaron que la postergación responde a que numerosas instituciones asociadas no están al día con las exigencias reglamentarias requeridas para participar. A su vez, se señaló una abultada morosidad por conceptos como fichajes, pases y seguros, sumada a un saldo adeudado por Atlético Tucumán, entidad que optó por no emitir declaraciones.
Manejo bancario y situación financiera de la entidad La denuncia indaga la derivación de cobros y aranceles a cuentas bancarias personales pertenecientes a integrantes de la conducción, demandando la reconstrucción trazable del origen y destino de los fondos. Por ello, se peticionó una auditoría integral sobre las gestiones 2024, 2025 y el periodo en transcurso de 2026.
Desde la dirigencia justificaron el uso de estos circuitos señalando las trabas financieras preexistentes, originadas por cuentas institucionales embargadas y más de 45 litigios judiciales heredados de administraciones anteriores. Aseguraron que la prioridad fue sostener la continuidad de los torneos absorbiendo costos de seguridad policial y arbitrajes para evitar frenar la actividad, en un contexto donde cerca del 95% de los clubes mantiene deudas y compite mediante facilidades de pago.
Controversias en el ámbito deportivo y el Tribunal de Disciplina. El escrito advierte fallas de funcionamiento en el Tribunal de Disciplina durante 2024, señalando el inicio de competencias sin dicho órgano constituido y una posterior inactividad de mes y medio. Asimismo, pide indagar la reprogramación de un partido entre Concepción FC y Deportivo Graneros con resoluciones pendientes.
En relación a la denuncia individual contra el tesorero, donde se lo acusa de agredir al entrenador de Concepción FC junto a personal de custodia, Elías desmintió enfáticamente el hecho. Aseguró que solo existió una discusión verbal tras una expulsión, que no hubo violencia física y que no cuenta con notificaciones judiciales al respecto. Esta posición fue respaldada por Monteros.
Impugnación de adhesiones y firmas representativas Un eje clave de la defensa institucional radica en la validez de los apoyos. Desde la Liga informaron que clubes como Concepción de la Banda del Río Salí, Santa Lucía y San José se presentaron espontáneamente para desconocer su firma en el escrito.
La conducción advirtió además que varias rúbricas adjuntas pertenecen a auxiliares sin representación legal o a dirigentes inhabilitados, abriendo la posibilidad de recurrir a la Justicia si se comprueba la adjudicación indebida de firmas. Si bien el documento muestra sellos atribuibles a múltiples instituciones (entre ellas La Florida, Sportivo Guzmán, Central Norte, Amalia, San Pablo y Famaillá), al momento no existen fallos judiciales que determinen falsificaciones.
Alcance del petitorio y perspectivas del caso El requerimiento ante el Consejo Federal solicita el resguardo cautelar de documentación contable y libros institucionales, además de evaluar inhabilitaciones o suspensiones si se ratifican faltas graves. Por su parte, la presidencia enmarcó el conflicto dentro de una disputa política interna que lleva tres años, impulsada por un sector opositor.
La resolución del diferendo queda ahora a cargo del organismo nacional de la AFA, que evaluará la prueba aportada, los descargos y la documentación requerida para determinar la existencia de responsabilidades de índole disciplinaria o institucional.
