La Justicia provincial ordenó el allanamiento de las viviendas pertenecientes a las familias de dos estudiantes de 14 y 12 años que ingresaron con armas de fuego a instituciones educativas ubicadas en San Miguel de Tucumán y Alderetes. Aunque la franja etaria de ambos menores los exime de imputación penal, el proceso judicial se enfoca en determinar el origen del armamento y en esclarecer si los padres u otros mayores a cargo incurrieron en conductas punibles o en responsabilidades de orden civil.
Las intervenciones en los domicilios fueron tramitadas por la Unidad Fiscal Criminal N° 1, a cargo del fiscal Ernesto Salas López y con el accionar del auxiliar fiscal Elías Acuña, contando con la autorización de la jueza Ana María Iácono, al frente del Juzgado Penal de Niños, Niñas y Adolescentes del Centro Judicial Capital. En los fundamentos de las medidas, la magistrada ratificó que la no punibilidad de los menores no es un obstáculo para la prosecución de la causa, cuyo fin es identificar a las personas mayores que hayan participado en la entrega, custodia o tenencia irregular de las armas.
El primer suceso tuvo lugar el 25 de agosto en la Escuela Congreso de Tucumán, situada en la capital provincial. En el transcurso de una evaluación en un aula de tercer año, se escuchó un estruendo. Aunque el alumno de 14 años argumentó inicialmente que se trataba de pirotecnia, las autoridades del establecimiento detectaron videos grabados por otros estudiantes, lo que derivó en la entrega voluntaria por parte del menor de un revólver Taurus calibre .38 de doble acción. Los peritajes confirmaron que se efectuó un disparo que impactó cerca del pizarrón, sin causar heridos. El adolescente indicó que tomó el revólver a la pareja de su madre, versión ratificada por la mujer; no obstante, el análisis de otras filmaciones donde se lo observaría manipulando armamento diverso, como una pistola calibre 9 mm, motivó el allanamiento del inmueble familiar, cerca del parque Guillermina, a cargo de la Comisaría Segunda, con el objetivo de secuestrar material balístico y elementos de prueba.
El segundo hecho se registró la mañana del 27 de agosto en la Escuela Media de Los Gutiérrez, en Alderetes, tras una alerta sobre una estudiante de primer año que portaba un arma en el aula. Al revisar las pertenencias de la alumna de 12 años en la Dirección del establecimiento, las autoridades hallaron en su indumentaria un revólver Bagual calibre .22 con seis cartuchos y dos vainas servidas en el tambor. Tras su traslado preventivo al Centro de Admisión y Derivación, fue restituida a sus progenitores. Posteriormente, el padre de la menor se presentó acreditando su condición de efectivo de la Policía de Tucumán en la Dirección General de Prevención Ciudadana. Dicha circunstancia derivó en la profundización de la causa por parte de la Fiscalía para corroborar la titularidad y registro del arma, así como la cadena de custodia. Ante esto, la jueza Iácono dispuso que la Comisaría de Alderetes allanara la vivienda, abarcando la inspección de los moradores y de los vehículos del predio.
Las actuaciones buscan esclarecer los mecanismos por los cuales el material balístico quedó al alcance de los menores y si existió un incumplimiento de los deberes de custodia por parte de los adultos a cargo. En el plano penal, se analiza la figura contemplada en el artículo 189 bis del Código Penal, que prevé penas de tres años y seis meses a 10 años de prisión para quien provea de un arma de fuego a un menor de 18 años, siempre que se verifique la facilitación o la tenencia no autorizada del armamento.
En paralelo a las medidas de protección y acompañamiento que corresponden a los estudiantes dada su condición procesal, en el ámbito civil los progenitores podrían enfrentar acciones por los daños generados por los menores en el marco de la responsabilidad parental. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial el resultado del secuestro de elementos en los allanamientos realizados, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas documentales, testimoniales y audiovisuales para definir la situación legal de los mayores involucrados.
