Buenos Aires inicia una nueva etapa en la gestión de la movilidad urbana tras la habilitación formal para realizar pruebas de vehículos autónomos y robots de reparto en la vía pública. La medida, oficializada mediante la Resolución 170/SECT/26 firmada por el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer, establece un sistema de autorizaciones previas destinado a que empresas y desarrolladores puedan evaluar estas tecnologías en entornos y condiciones reales de circulación.
A diferencia de un despliegue masivo o inmediato, la normativa crea un marco experimental acotado. En el caso de los automóviles sin conductor, los permisos se otorgarán exclusivamente para ensayos encuadrados en el “Nivel 4” de la norma internacional SAE J3016, el cual contempla la operación totalmente autónoma de la unidad pero restringida a zonas delimitadas o a variables climatológicas específicas. La decisión oficial fundamenta este avance en la innovación disruptiva que representan estos sistemas para el transporte por automotor, destacando su capacidad potencial para reducir la siniestralidad vial, mejorar la eficiencia en el desplazamiento y aliviar la congestión vehicular.
Junto a los autos autónomos, la reglamentación incorpora formalmente a los drones terrestres o Dispositivos Automatizados de Entrega (ADD). Se trata de robots compactos equipados con ruedas que funcionan sin asistencia humana constante gracias al uso de inteligencia artificial, visión computacional, procesamiento de datos y sensores LiDAR. A diferencia de las unidades para transporte de personas, estos equipos están orientados al cumplimiento de tareas operativas concretas como el traslado de cargas livianas, la inspección y monitoreo urbano, o el mantenimiento de áreas públicas, quedando habilitados para circular por veredas, parques, zonas industriales y corredores logísticos.
El proceso administrativo estará bajo la evaluación de la Secretaría de Transporte de la gestión de Jorge Macri, en coordinación con los organismos de Movilidad y Seguridad Vial. Cada solicitante deberá cumplir una serie de requisitos técnicos, contar con seguros específicos y disponer de sistemas de registro de datos a bordo que garanticen la trazabilidad de cada prueba. Asimismo, la normativa exige el estricto resguardo de los demás usuarios del espacio público, imponiendo la prioridad absoluta de peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida, además de exigir garantías en materia de responsabilidad civil, sostenibilidad ambiental y protección de datos personales.
Por el momento, el texto publicado en el Boletín Oficial fija únicamente el procedimiento y las condiciones de acceso para los interesados en participar del esquema experimental. La resolución no especifica un presupuesto gubernamental asignado, no detalla cupos sobre la cantidad de unidades o robots que podrán circular, ni incluye por ahora un cronograma público con las fechas de inicio o la nómina de empresas participantes, sirviendo como una fase exploratoria de cara a una futura regulación definitiva.
