El presidente Javier Milei dispuso desde este jueves la prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una decisión que generó fuerte repercusión política y mediática. La medida se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y distintos medios de comunicación, y marca un punto de inflexión en la relación con la prensa.
Según confirmaron fuentes oficiales, la restricción alcanza a todos los cronistas que trabajan de manera habitual en Balcarce 50. Entre los argumentos esgrimidos, se mencionan la necesidad de profundizar una investigación sobre una presunta infiltración extranjera en medios de comunicación y una causa judicial vinculada a supuestas tareas de espionaje ilegal.
En ese marco, desde el entorno gubernamental señalaron que se decidió retirar de manera preventiva las acreditaciones vigentes. “Se quitaron las huellas dactilares a los periodistas acreditados hasta que avance la investigación”, explicaron. Además, indicaron que la prórroga de las credenciales correspondientes a 2025 fue dejada sin efecto, por lo que ningún periodista podrá ingresar al edificio hasta que se esclarezcan los hechos bajo análisis.
La medida se vincula directamente con una denuncia penal impulsada por la Casa Militar contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN), luego de la difusión de imágenes grabadas en el interior de la sede gubernamental. El material fue emitido en el programa televisivo “Y mañana qué”, conducido por Luciana Geuna, y generó preocupación en las autoridades por posibles vulneraciones a la seguridad.
La presentación judicial recayó en el juzgado federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del magistrado Ariel Lijo. En la denuncia, se sostiene que pudo haber delitos relacionados con la divulgación de información sensible, incluyendo posibles secretos de Estado y aspectos vinculados al funcionamiento interno del Poder Ejecutivo.
Desde la Casa Militar, organismo encargado de la seguridad de la sede presidencial y dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, se argumentó que la difusión de estas imágenes podría haber expuesto a funcionarios y comprometido la seguridad institucional. La dependencia está bajo la órbita de Karina Milei, aunque fuentes oficiales indicaron que la decisión de avanzar con la denuncia fue tomada por las autoridades del área, encabezadas por el general de brigada Sebastián Ibáñez.
El caso también involucra al periodista Ignacio Salerno, acreditado en Casa Rosada, cuya credencial fue suspendida de manera preventiva. Según el texto judicial, se investiga un supuesto accionar “subrepticio e ilegal” dentro de la sede de gobierno, bajo el argumento de que se habrían vulnerado normas de seguridad vigentes.
El propio Milei se expresó públicamente sobre el tema a través de sus redes sociales, donde utilizó un tono extremadamente crítico hacia el periodismo. El mandatario, que se encontraba de viaje en Israel al momento de la difusión del material, cuestionó duramente a los trabajadores de prensa y respaldó la investigación en curso.
La decisión de restringir el acceso a la prensa no registra antecedentes recientes en períodos democráticos. Históricamente, la sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo operativa incluso en contextos políticos complejos, lo que refuerza el carácter excepcional de la medida adoptada por el actual Gobierno.
Mientras avanza la causa judicial, el futuro del acceso de los medios a la sede presidencial permanece incierto. La continuidad de la restricción dependerá, según indicaron fuentes oficiales, de los resultados de la investigación y de las decisiones que adopte la Justicia en torno a las denuncias presentadas.
El episodio abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno nacional y el periodismo, en un escenario marcado por la confrontación y el debate sobre los límites entre la libertad de prensa, la seguridad institucional y el acceso a la información pública.
