A casi una década del fallecimiento de Matías Juárez, la provincia de Tucumán se encamina a presenciar un hito en su historial judicial. El próximo martes 18 de agosto a las 8:30, la jueza Wendy Cassar dará inicio al primer juicio oral de la historia tucumana por homicidio por mala praxis médica. En el banquillo de los acusados se sentarán el otorrinolaringólogo Álvaro Enrique Páez, la pediatra Federica María Carolina Castro y la médica Florencia María Jerez, quienes enfrentan pedidos de pena de hasta cinco años de prisión por la atención brindada al menor de ocho años en octubre de 2016. La acusación estará articulada por la fiscal Marta Jerez junto a la madre del niño, María Luna, representada legalmente por la abogada Silvia Furque.
El trágico caso se remonta al 20 de octubre de ese año, cuando Matías, un niño sano, hijo único y alumno del liceo militar, ingresó a las 11 de la mañana al quirófano del Sanatorio San Lucas con todos los estudios prequirúrgicos al día para una intervención considerada de bajo riesgo. No obstante, el procedimiento se extendió más de lo estipulado y el pequeño fue trasladado a la habitación en estado de semiconsciencia.
En las horas posteriores se desencadenó un cuadro crítico marcado por una constante pérdida de sangre por la garganta. La investigación determinó que la respuesta médica fue deficiente: en lugar de buscar la fuente del sangrado o disponer una cirugía exploratoria de urgencia, los profesionales se limitaron a realizar transfusiones para reponer la hemorragia. La tomografía solicitada por Páez se ejecutó con dos horas de demora y los resultados recién se evaluaron al mediodía de la jornada siguiente. Para ese momento, la situación era irreversible y Matías sobrevivía gracias a un respirador artificial, hasta que se declaró su deceso a las 7:15 de la mañana del 25 de octubre.
María Luna denunció desde un principio la falta de respuestas claras por parte del personal del sanatorio, asegurando haber sido víctima de tratos hostiles junto a las autoridades policiales que se hicieron presentes tras la emergencia. A lo largo de diez años, la mujer rechazó categóricamente múltiples ofertas de resarcimiento económico y propuestas de seguros médicos, enfocando todos sus esfuerzos en la vía penal a pesar de los constantes recursos de apelación interpuestos por las defensas.
El camino hacia el debate oral estuvo obstaculizado por los dilatados plazos procesales característicos de estos litigios. La abogada querellante advirtió sobre la dificultad de superar el corporativismo médico en la provincia, una barrera que demoró la formación de una junta médica objetiva hasta el año 2021. Incluso en 2025, los imputados intentaron suspender el juicio mediante la solicitud de una suspensión del juicio a prueba, ofreciendo compensaciones económicas de un millón de pesos por parte de las médicas y 1,3 millones más donaciones mensuales por parte del cirujano, medida que fue denegada tras la negativa tajante de la fiscalía y la familia.
Tras haber sufrido dos postergaciones previas, la primera fijada para octubre del año pasado y la segunda para febrero de este año, la fijación definitiva del debate para este 18 de agosto pondrá a la justicia provincial frente a un examen inédito sobre la responsabilidad médica en los quirófanos.
