Tras reanudarse la sesión ordinaria en la Cámara Alta luego del cuarto intermedio dispuesto el mes pasado, el bloque oficialista resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo vinculado a la flexibilización para la venta de tierras rurales a capitales extranjeros. La eliminación de este apartado, fundamentada por los líderes parlamentarios en la necesidad de asegurar los consensos y evitar postergaciones, se concretó tras sucesivas modificaciones técnicas previas que generaron cuestionamientos de la oposición por la desprolijidad del trámite legislativo y críticas del bloque del PRO hacia la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo.
La jornada parlamentaria estuvo marcada por una fuerte polarización tanto dentro como fuera del recinto. En las inmediaciones del Congreso de la Nación, agrupaciones sociales, gremiales y partidos de izquierda marcharon en rechazo a la iniciativa oficialista, lo que derivó en enfrentamientos con los 820 efectivos de las fuerzas de seguridad desplegados en la zona. Los disturbios, que se extendieron por casi cinco horas con incendios de contenedores y agresiones a patrulleros, finalizaron con un saldo oficial de 11 personas detenidas por atentado y resistencia a la autoridad, además de tres agentes heridos, entre ellos un gendarme trasladado al Hospital Churruca por un impacto de piedra en la cabeza.
En el inicio del debate, el justicialismo buscó frenar la sesión mediante una moción para regresar el proyecto a comisiones bajo el argumento de que el dictamen final había sido remitido con pocas horas de antelación. La propuesta fue rechazada por 38 votos contra 31, consolidando la mayoría necesaria para dar curso a la lista de oradores que extenderá la discusión general hasta la madrugada. Paralelamente, el arranque del plenario incluyó cruces verbales entre bancadas respecto a la relación diplomática con Brasil a raíz de expresiones del presidente Javier Milei, lo que motivó un pedido de la presidencia del bloque oficialista para normalizar los canales institucionales y el retorno del embajador de ese país. Asimismo, la mayoría oficialista bloqueó las solicitudes de participación remota por razones de salud de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, derivando sus expedientes a la Comisión de Asuntos Institucionales.
Pese a que el oficialismo confía en contar con el respaldo para la aprobación en general del paquete normativo, persisten dudas respecto a la votación en particular, especialmente en lo referido a las modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego. El texto impulsado propone eliminar las restricciones vigentes de 30 y 60 años para el cambio de uso, destino o desarrollo de emprendimientos inmobiliarios y agrícolas en las superficies que hayan sufrido incendios, manteniendo únicamente la obligatoriedad de conservar la función original del terreno previo al siniestro, pero sin bloquear su comercialización. Mientras los defensores del proyecto señalan que los desalojos inmediatos dinamizarán el mercado de alquileres y restituirán la confianza de los propietarios, legisladores de bloques aliados adelantaron que no acompañarán las reformas en materia ambiental, lo que anticipa un escenario de paridad para el cierre de la votación particular.
