En un mensaje transmitido por cadena nacional y flanqueado por su Gabinete y el equipo económico, el presidente Javier Milei presentó una ambiciosa batería de reformas estructurales enfocadas en reconfigurar el sistema financiero y poner un cerrojo al gasto público. La medida central del paquete impulsado por el Poder Ejecutivo es un proyecto para modificar de raíz la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, con el objetivo explícito de erradicar la emisión monetaria destinada a financiar la gestión política y erradicar el impuesto inflacionario.
Durante su alocución, el Jefe de Estado justificó la urgencia de la medida trazando un duro diagnóstico sobre el historial del organismo. Tras señalar que la inflación acumulada desde la fundación de la entidad financiera en 1935 alcanza una cifra de veinte dígitos, Milei remarcó que solo en lo que va del siglo XXI el incremento de precios trepó al 168.580%. En ese marco, apuntó de forma directa contra administraciones anteriores, sosteniendo que el abandono de la convertibilidad significó despojar a los ciudadanos de reservas que hoy equivaldrían a 30.000 millones de dólares. En la misma línea, acusó formalmente a la ex presidenta Cristina Kirchner y a la ex titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, de haber sustraído en 2010 a través del Fondo del Bicentenario unos 10.000 millones de dólares, monto que ajustado a la actualidad representa 15.000 millones.
La propuesta legislativa para la autoridad monetaria se apoya en una severa reestructuración de su funcionamiento interno. Por un lado, la norma devolverá al banco una meta única y excluyente: preservar el valor de la moneda nacional, bajo la premisa teórica de que todo proceso inflacionario responde estrictamente a un fenómeno monetario. A su vez, el proyecto prohíbe de forma taxativa cualquier tipo de asistencia financiera al Estado, extendiendo el veto al Tesoro Nacional, las provincias y las intendencias, y bloquea la adquisición de títulos públicos en el mercado primario, catalogando al señoreaje como un delito equiparable a la falsificación de dinero.
Para blindar la autonomía de la institución ante eventuales presiones de la coyuntura política, el Ejecutivo propone que la remoción del presidente de la entidad o de los miembros de su directorio requiera una mayoría calificada de dos tercios tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. En el plano técnico e institucional, la norma fija la validez de los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, ordena que los rendimientos de la cartera del organismo se destinen de manera exclusiva a cancelar deuda soberana y elimina de manera definitiva instrumentos como las letras intransferibles, además de derogar los cambios normativos impuestos en el año 2012.
La estrategia oficial no se agota en el frente monetario, sino que se completa con otras tres iniciativas interconectadas que ingresarán al Congreso. La más drástica de ellas, bautizada por el mandatario como “Grillete Fiscal”, procura instaurar una regla permanente que impida la aprobación de presupuestos con déficit. En caso de que se registren saldos negativos durante varios meses consecutivos sin corrección legislativa, la ley prevé la activación automática de un congelamiento de servicios estatales no esenciales, instancia en la cual las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, ministros y legisladores dejarán de percibir sus remuneraciones.
Por último, el paquete normativo contempla la liberación del mercado de capitales local para potenciar el ahorro privado y el financiamiento colectivo, autorizando a las empresas a emitir bonos en moneda extranjera u otras unidades de valor sin trabas burocráticas. En paralelo, se busca desregular la actividad aseguradora mediante un esquema de libre oferta de productos en el cual la autoridad de control dejará de autorizar pólizas en forma previa y pasará a fiscalizar únicamente la solidez financiera de las compañías y la protección de los usuarios.
