La investigación penal dictada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para esclarecer el manejo de cientos de millones de dólares asociados a la Asociación del Fútbol Argentino entra en una instancia clave. Este jueves 30, un primer testigo de identidad reservada asistirá bajo citación obligatoria (subpoena) para declarar bajo juramento ante un gran jurado federal en el tribunal Wilkie D. Ferguson Jr. de Miami. La comparecencia constituye el avance más relevante en los diez meses que lleva en marcha el expediente y marca una diferencia sustancial frente a las instancias previas de entrevistas voluntarias ante el FBI, ya que el papel de este órgano judicial consiste en establecer si existen elementos de causa probable suficientes para emitir imputaciones penales formales (indictments).
El testigo requerido por la justicia norteamericana, quien encabeza una nómina inicial de por lo menos seis personas citadas a dar su testimonio, tiene la obligación de presentar la totalidad de las comunicaciones y registros documentales que posea sobre los principales implicados en la pesquisa. La orden alcanza directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero de la entidad deportiva, Pablo Toviggino, al empresario Javier Faroni y al presunto testaferro Diego Lucero, en el marco de un proceso que indaga maniobras de fraude financiero y lavado de activos.
La revelación pública de esta convocatoria causó un severo malestar dentro del equipo persecutor del caso, el cual está conducido por los fiscales Michael Berger y Patrick Gushue, miembros de la Unidad de Integridad Bancaria. Los acusadores buscaban gestionar las diligencias bajo un marco de confidencialidad estricta para evitar la emisión de alertas tempranas a la cúpula directiva del fútbol argentino antes de consolidar las pruebas.
El eje central sobre el que se despliega la investigación apunta al funcionamiento de TourProdEnter LLC, una compañía conformada en suelo estadounidense a la que la AFA encomendó la administración y cobranza de sus recursos económicos a nivel mundial. De acuerdo con las evidencias reunidas, la firma recaudó una suma no menor a los 300 millones de dólares en concepto de acuerdos de patrocinio con marcas internacionales como Adidas y Warner, la organización de partidos amistosos y el cobro de premios. Todo ese dinero transitó por cuentas bancarias pertenecientes a entidades financieras de primer orden como Citibank, Bank of America y JP Morgan. El foco de la fiscalía se concentra en verificar si desde esa estructura se desviaron unos 57 millones de dólares mediante contratos irregulares y emisión de facturas apócrifas con destino a diversas sociedades pantalla.
El impulso definitivo para acceder a las trazabilidades financieras del expediente surgió tras las acciones y órdenes judiciales promovidas por el empresario Guillermo Tofoni, las cuales permitieron la apertura de los registros bancarios vinculados a la compañía en las jurisdicciones de Delaware y Georgia. A la par de estos movimientos, la recolección de información cuenta con el aporte de datos proporcionados por ejecutivos del área de marketing de la entidad madre del fútbol argentino y por Juan Pablo Beacon, excolaborador directo del tesorero Toviggino.
Pese al impacto mediático y procesal de las citaciones en el tribunal de Miami, fuentes con acceso al ámbito judicial advierten que las actuaciones por delitos financieros transnacionales demandan procesos prolongados. En los tribunales estadounidenses se toma como referencia el caso conocido como FIFAgate, cuyo trámite formal comenzó en el año 2011 y requirió de cuatro años de desarrollo antes de derivar en las primeras detenciones masivas ejecutadas en Suiza hacia mayo de 2015, por lo que la formulación de cargos definitivos contra la conducción directiva podría demorar todavía varios meses.
