La administración de Donald Trump presentó una serie de regulaciones destinadas a endurecer la política migratoria mediante el establecimiento de plazos fijos para las visas de estudiantes internacionales, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas extranjeros. Las nuevas directivas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que podrían entrar en vigencia a partir de septiembre próximo tras cumplir un plazo de 60 días desde su publicación en el Registro Federal y quedar sujetas a la revisión del Congreso de mayoría republicana, buscan reemplazar el histórico esquema de “duración del estatus”. Este mecanismo, vigente desde 1978, permitía a los estudiantes portadores de visas F-1 permanecer en territorio estadounidense de forma indefinida mientras conservaran su condición académica de tiempo completo. De aprobarse la medida, quienes posean este estatus pasarán automáticamente al nuevo régimen con un límite máximo de cuatro años, debiendo solicitar una renovación formal al expirar dicho período, una decisión que impactará a cerca de 1,2 millones de alumnos internacionales que cursan en universidades de ese país.
La reforma fundamentada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, argumenta que el sistema anterior resultaba obsoleto, facilitaba el fraude migratorio y permitía que miles de personas prolongaran su estancia de manera indefinida inscribiéndose en cursos continuos para evitar salir del país. En el caso de los periodistas extranjeros, las estadías bajo las visas tipo I se limitarán a un máximo de 240 días —en contraste con los cinco años habituales actuales— con posibilidad de extensiones por lapsos idénticos, a excepción de los reporteros de origen chino, cuyo límite se fijará en 90 días. Esta restricción motivó una advertencia de medios de comunicación y organizaciones de prensa internacionales, que señalaron que la disposición mermará la calidad y el alcance de la cobertura periodística en Estados Unidos. Asimismo, la normativa achica de 60 a 30 días el margen de tiempo para abandonar el país una vez concluidos los estudios o programas de formación, e introduce prohibiciones para que los alumnos de posgrado cambien sus objetivos educativos o se trasladen de institución académica sin una autorización expresa.
