Una presunta estafa millonaria que utilizaba el negocio de la compra y venta de azúcar a gran escala como pantalla ha provocado la intervención de la Justicia Federal. Nueve personas denunciaron haber sido engañadas por una suma que supera los 740 millones de pesos, señalando como principal responsable a Diego Gerardo Ovejero. Según los expedientes judiciales, el acusado habría captado fondos de particulares durante al menos tres años bajo la promesa de generar ganancias extraordinarias, con tasas de rendimiento mensual que oscilaban entre el 12% y el 15%, un margen imposible de alcanzar en el circuito financiero tradicional.
El éxito inicial de la maniobra radicaba en una sólida apariencia de legitimidad. Ovejero se presentaba como un actor con fuertes influencias en el sector azucarero y aseguraba tener trato directo con grandes ingenios e intermediarios. Para formalizar las inversiones, los damnificados firmaban contratos privados y recibían pagarés, reconocimientos de deudas e incluso títulos de propiedad de vehículos en carácter de garantía. Esta supuesta solvencia se respaldaba con el envío diario de material audiovisual, como fotos y videos de camiones de carga y depósitos repletos de mercadería, herramientas que terminaron de convencer a los aportantes de que el negocio era real y sumamente próspero.
Durante los primeros meses, el sistema funcionó con precisión. Los inversores cobraban sus intereses puntualmente, lo que generó un clima de confianza tal que ellos mismos comenzaron a recomendar el negocio a sus círculos más cercanos, atrayendo a nuevos capitales. Sin embargo, la investigación judicial apunta a que estos pagos iniciales no provenían de la rentabilidad de ninguna actividad comercial, sino que eran financiados con el dinero fresco aportado por los nuevos ingresantes, un mecanismo clásico de captación piramidal.
El esquema comenzó a desmoronarse cuando cesaron los pagos. Ante los reclamos de las víctimas, Ovejero comenzó a ensayar diversas excusas operativas para dilatar las devoluciones. Cuando la presión de los acreedores aumentó, el acusado intentó frenar las acciones legales firmando compromisos de pago en escribanías y presentándose ante el Ministerio Público Fiscal para acordar cronogramas de devolución que, según denuncian los damnificados, jamás se cumplieron. En su lugar, se detectó la entrega de cheques sin fondos y la sesión duplicada de vehículos como garantía de pago, llegando al extremo de entregar un mismo formulario 08 a distintas personas. Incluso, muchos damnificados relataron haber sido citados en bancos bajo la promesa de recibir dinero en efectivo, citas a las que el empresario nunca asistió.
La complejidad del caso obligó a la Justicia ordinaria a declararse incompetente y derivar las actuaciones al fuero federal. Tras analizar la documentación y la estructura utilizada, la fiscalía determinó que el conflicto superaba un mero incumplimiento de contrato entre privados. La hipótesis principal apunta ahora a un presunto delito de intermediación financiera no autorizada, dado que existía un esquema habitual de captación de fondos públicos. Además, el foco de los investigadores se posa sobre las firmas Food Trading Dos SAS, El Marqués SAS y Bellamar Estancias, sociedades comerciales que habrían sido utilizadas para canalizar el dinero y que ahora serán auditadas bajo las sospechas de lavado de activos y evasión tributaria.
La Justicia Federal asume ahora el desafío de reconstruir la ruta del dinero y determinar el verdadero alcance de la maniobra, mientras los abogados de las víctimas advierten que el perjuicio económico documentado hasta el momento podría incrementarse sustancialmente a medida que nuevos damnificados decidan romper el silencio y presentarse ante los tribunales.
