A un mes de la presentación de la denuncia penal contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, el expediente registra escasos avances en la Fiscalía de Concepción. Esta situación motivó la queja pública del legislador provincial Manuel Courel, de Cambia Tucumán, quien reclamó que la Justicia actúe con la misma celeridad que demostró en otros conflictos locales, en alusión al rápido procesamiento de un grupo de vecinas que habían protestado por inundaciones en la misma localidad.
La presentación judicial, promovida también por el exedil de Alberdi Luis Díaz Augier y el concejal de Simoca Luis Escobar, pone el foco sobre una sospechosa operación inmobiliaria. Los denunciantes sostienen que la jefa municipal adquirió en efectivo dos lotes unificados en el exclusivo country Las Yungas, ubicado en Yerba Buena, por un valor estimado en 1,2 millones de dólares. La transacción resulta llamativa para los denunciantes debido a que Graneros no registraría otra actividad laboral declarada fuera de su función pública. Como elementos de prueba, aportaron liquidaciones de expensas del barrio privado correspondientes a junio, las cuales reflejan costos de mantenimiento que superan los 570.000 y 566.000 pesos mensuales por cada lote.
La acusación salpica además al secretario de Hacienda de Graneros, Ariel Mendelek, a quien señalan como el presunto responsable de trasladar el dinero en efectivo utilizado para concretar la operación en una sucursal bancaria. Asimismo, los parlamentarios mencionaron versiones sobre otra supuesta adquisición de una propiedad en Tafí del Valle valuada en 600.000 dólares, aunque aclararon que esta información aún no ha sido corroborada.
Por el momento, las medidas ordenadas por la fiscalía se han limitado al envío de oficios para determinar la titularidad de los servicios públicos mediante requerimientos a las firmas SAT, EDET y Naturgy, además de solicitar informes a la administración del country. Courel calificó las respuestas del barrio privado como sumamente vagas y advirtió que insistirán con un pedido de allanamiento si no se entregan los datos requeridos. El legislador lamentó la parsimonia de la investigación frente a lo que consideró un manejo impune de los fondos públicos en el interior de la provincia.
Ante la repercusión del caso, la intendenta Raquel Graneros evitó realizar declaraciones públicas y derivó las consultas a su abogada, Paula Soria, quien al cierre de la jornada no había emitido comentarios. Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al conflicto pidiendo evitar prejuzgamientos, aunque subrayó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la obligación de la mandataria municipal de someterse a las decisiones de la Justicia.
