El Tribunal Oral Federal N° 4 dictó una pena de cinco años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, al encontrarlos responsables de recibir coimas en el marco del Caso Skanska. La sentencia, dictada por los magistrados Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez desde los tribunales de Comodoro Py, alcanza también al exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa, quien recibió idéntica pena. Los tres involucrados fueron declarados culpables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta, y recibieron una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tal como lo había requerido el fiscal federal Abel Córdoba. Los exfuncionarios siguieron la resolución de forma virtual desde sus respectivos lugares de detención: De Vido bajo arresto domiciliario en Zárate y López en el penal de Ezeiza.
La investigación judicial determinó que existieron sobornos y direccionamiento de licitaciones a favor de la constructora sueca Skanska para la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur en el año 2004, convirtiéndose en el primer escándalo de corrupción destapado durante el mandato del expresidente Néstor Kirchner. Para ocultar el circuito del dinero ilegal, la compañía utilizó un esquema de facturas falsificadas provistas por más de 20 empresas fantasma, simulando la contratación de servicios que jamás se llevaron a cabo. La pieza clave que destapó la maniobra fue un registro de audio interno de la propia firma, donde el exejecutivo Javier Azcárate le admitía al exsíndico Claudio Corizzo el pago de los retornos para garantizarse los proyectos viales.
Al momento de elevar la causa a juicio en 2019, el juez federal Sebastián Casanello acreditó que Skanska pactó con firmas competidoras la suba de los presupuestos durante el concurso privado de ofertas, una acción que contó con la anuencia de los funcionarios públicos intervinientes. Para dotar de un marco legal a las salidas de dinero destinadas a las coimas, los directivos registraron esos movimientos como gastos operativos vinculados a la obra pública financiada por el Estado Nacional. Según los argumentos judiciales, esta operatoria no solo derivó en un beneficio económico ilegal y personal para los exfuncionarios, sino que le provocó un perjuicio financiero millonario a las arcas de la administración pública a través de la extracción de fondos estatales sin ningún tipo de respaldo legal.
