El Poder Ejecutivo nacional proyecta oficializar entre este lunes y martes la extensión del estado de emergencia en el sector de la energía eléctrica, al menos hasta la finalización de este año. La medida, que venció formalmente el pasado 9 de julio y se ha sostenido desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, busca proveer al Gobierno de la capacidad de maniobra necesaria mientras el sector privado avanza con un paquete de obras estratégicas de refuerzo diseñadas para eludir futuros cortes masivos de luz. Este escenario de excepción para la electricidad contrasta con la situación del transporte y distribución de gas, cuya emergencia ya se encuentra regulada y vigente hasta las postrimerías de 2026.
La decisión de prolongar el plazo responde a la necesidad de otorgar margen temporal para la maduración de proyectos financiados en su totalidad por capitales privados, orientados a incrementar la generación, el almacenamiento y el transporte de energía. Previamente, la prórroga dispuesta mediante el decreto 370/25 se había fundamentado en la urgencia de garantizar los servicios públicos frente a la vulnerabilidad del sistema, caracterizado por deficiencias edilicias, problemas en la recaudación y la ausencia de señales claras de mercado. En este sentido, desde el sector destacan que ya se han implementado reformas medulares hacia la normalización, tales como la revisión tarifaria integral con actualizaciones mensuales, la migración hacia subsidios focalizados, la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista, la reconcesión de las represas del Comahue y el traspaso a manos privadas de la transportadora Transener.
Para consolidar la salida definitiva de la emergencia, la Secretaría de Energía apuesta al avance de un plan de infraestructura clave. Entre las iniciativas prioritarias se destaca la adjudicación reciente de obras por 700 millones de dólares para incorporar más de 700 megavatios mediante baterías en siete regiones del país, buscando mitigar los picos de demanda en zonas de alto consumo, sumado a proyectos de almacenamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por 650 millones de dólares que estarían operativos en diciembre. Asimismo, se definirán licitaciones por 6600 millones de dólares destinadas a robustecer el sistema de transporte a través de 16 obras prioritarias financiadas por privados, que abarcan el tendido de más de 5600 kilómetros de líneas para solucionar cuellos de botella estructurales. Dentro de este paquete sobresale el proyecto AMBA I —región que concentra el 40% de la demanda nacional— y la construcción de dos líneas de transmisión de 500 kilovoltios que conectarán a las provincias de Mendoza y Chubut con Buenos Aires para fortalecer el sistema interconectado general.
